Los trabajadores de la central térmica de Lada temen que Iberdrola "deje morir" la actividad de la instalación, aunque no reciba la autorización del Gobierno central para proceder al cierre ordenado de la planta. Así lo explicó Ángel García Montes -secretario general de UGT en la comarca del Nalón y delegado del sindicato en la central langreana- que alertó de la reducción de plantilla y de la paralización de las inversiones planificadas para la mejora de la térmica.
García Montes argumentó que se ha producido "una descapitalización" de la plantilla en los últimos años. "Antes del cierre de Lada III había 150 trabajadores, de los que 30 estaban adscritos a este grupo. Ahora somos 96, que es el objetivo de plantilla que se marcó la empresa. Las prejubilaciones que se han producido no se han suplido con nuevos contratos y se están haciendo turnos de doce horas para cubrir esa bajas", expresó el representante sindical.
El líder comarcal de UGT también aludió a la "paralización" de las inversiones previstas "para mejorar la eficiencia de la central" desde que se solicitó el cierre de la instalación. "Nuestra preocupación es que, independientemente de que el Gobierno autorice o no el cierre, se esté tratando de dejar morir la térmica. No tenemos la certeza de sea así, pero existe un temor que se desprende de las decisiones adoptadas por la dirección en el tema de la plantilla y de las inversiones", aseguró García Montes. Y añadió: "Vamos a estar pendientes y vigilantes para que la central no se deje ir".
Otra de la cuestiones analizadas por el responsable sindical fue la actividad del frente común de partidos políticos, centrales sindicales, organizaciones empresariales y colectivos vecinales, que han acordado respaldar iniciativas conjuntas en Langreo para tratar de salvar la térmica: "La próxima semana tendremos una reunión entre UGT y CC OO en la que se pondrán sobre la mesa las acciones que se pueden llevar adelante; va a ser una lucha larga".
A nivel estatal, una de las actuaciones será la recogida de firmas por parte de los sindicatos mayoritarios. "Será una iniciativa más amplia, no sólo ceñida al caso concreto de las térmicas de Sama y Velilla. El ciudadano debe conocer el impacto que tendría la clausura de las centrales y la remodelación del actual modelo energético", apostilló García Montes.
