Aunque ha caído como un jarro de agua fría, tampoco modificará mucho la hoja de ruta de los sindicatos en cuanto a las movilizaciones previstas. La decisión del Tribunal Constitucional de anular en Andalucía la jornada de 35 horas para los funcionarios no ha sentado nada bien a nivel sindical en Mieres, donde también se aspira a lograr esa reducción en los horarios laborales. Las uniones comarcales de UGT y CC OO en el Caudal lo ven como un paso atrás, pero matizan que seguirán presionando para que se llegue a ese último objetivo de lograr una reducción de dos horas y media sobre la jornada de 37 horas y media actual.
El responsable de UGT del Caudal, Sergio Álvarez, señaló que "no es lo que deseábamos, pero nosotros vamos a seguir peleando por la recuperación de los derechos de los trabajadores públicos, tanto en Mieres como en todos los sitios". En este sentido, Álvarez se remitió a la movilización del pasado día 14 en Madrid, en la que los funcionarios exigieron un paquete de medidas entre los que figuraba la reducción de jornada a las 35 horas, pero también "otros derechos como vacaciones, licencias, los 'canosos', el desarrollo del estatuto básico del empleado, la recuperación salarial, la jubilación por contratos relevo...", dijo Álvarez. Para el portavoz ugetista en el Caudal, "el fallo del Tribunal Constitucional supone un escollo más, pero vamos a seguir peleando con movilizaciones y lo que haga falta para tratar de cumplir los objetivos que nos marcamos".
Mientras, Sergio Vicente, secretario general de Unión Comarcal de CC OO del Caudal, señaló que "nos parece un problema grande, porque nosotros estábamos trabajando por conseguir esa jornada de 35 horas para los empleados públicos". En cualquier caso, al igual que su homólogo, Sergio Vicente asegura que "nosotros vamos a seguir en nuestro papel, y tenemos que luchar por los derechos de los trabajadores, por lo que seguiremos presionando para conseguir que se establezca no sólo la jornada de 35 horas, sino también otra serie de derechos que nos están tratando de cercenar y no lo vamos a consentir".
La sentencia del Tribunal Constitucional, hecha pública el pasado viernes, anula el decreto ley de la Junta de Andalucía por el que se establecía una jornada de 35 horas para sus funcionarios y 18 para los profesores. El Alto Tribunal explica en sus razonamientos que es el Gobierno central el único que puede dictar los horarios ya que suya es en exclusiva la competencia para hacerlo. Sin embargo, pese a haber tumbado este decreto ley, la Junta andaluza no se rinde, y prepara un nuevo real decreto para que media hora de cada jornada diaria sea no presencial, de manera que se pueda cumplir con la ley de las 37 horas y media, pero realizando una parte fuera del lugar de trabajo.
