13 de enero de 2018
13.01.2018

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el alcalde de Aller por prevaricación

El ministerio fiscal acusa a David Moreno y a su antecesor, Gabriel Pérez Villalta, del reparto de ayudas "con carácter injusto y arbitrario"

13.01.2018 | 09:05
David Moreno y Gabriel Pérez Villalta, en segundo término, entran a declarar en el Juzgado de Lena.

David Moreno Bobela se juega la Alcaldía de Aller a partir del lunes. La Fiscalía del Principado de Asturias solicita para él y para su antecesor, Gabriel Pérez Villalta, diez años de inhabilitación para empleo o cargo público. Están acusados de un presunto delito continuado de prevaricación por el reparto de subvenciones "con carácter injusto y arbitrario" a una entidad deportiva por la oferta de actividades en el polideportivo de Sotiello. El proceso tendrá dos sesiones: la primera vista oral se celebrará el lunes, en el Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo, a las 10 horas. "Estoy tranquilo, llevo mucho tiempo esperando para explicar mi versión ante un juez", aseguró David Moreno Bobela, que fue expulsado del PSOE por no dimitir tras el anuncio de la apertura de juicio oral.

El juicio por este caso llega casi un lustro después de que el PP presentara una demanda ante la Fiscalía. El ministerio fiscal abrió diligencias y denunció ante el Juzgado de primera instancia e instrucción de Pola de Lena, que se encargó de las diligencias y de la toma de declaraciones. La Fiscalía sostiene en su escrito que Gabriel Pérez Villalta (desde marzo de 2005 hasta junio de 2010) y David Moreno (desde julio de 2011 hasta febrero de 2014) "dictaron resoluciones mensualmente concediendo subvenciones a la asociación a sabiendas del carácter injusto y arbitrario de esa concesión". Añade que "no se cumplía ninguno de los requisitos legales, habiendo sido advertido de ello por los continuos reparos planteados por la Secretaría y la Intervención".

La exposición de la Fiscalía se remonta al 13 de febrero de 1996. Fue entonces cuando Gabriel Pérez Villalta acordó conceder a la entidad "una subvención por importe de 330.312 pesetas para atender a gastos de constitución y desarrollo de actividades deportivas durante enero". El 27 de marzo el Ayuntamiento formalizó un convenio con la entidad, que tendría vigencia hasta el mes de septiembre de 1996. Se podría prorrogar a su finalización, por acuerdo de ambas partes. El 7 de noviembre se formalizó un nuevo convenio con la asociación, con el mismo contenido, con vigencia hasta ese mismo mes. Se acordó por trámite de urgencia, el 20 de noviembre de 1996. Desde entonces, no hubo más convenios.

"No se efectuó ninguna convocatoria pública para la concesión de la subvención", explica el escrito de la Fiscalía. Así, añade, no se respetaban los principios de publicidad y concurrencia competitiva establecidos en la legislación actual. Tampoco se ajustaba a ningún convenio vigente. El ministerio fiscal afirma que "era imposible garantizar el control eficaz de los fondos concedidos como subvención".

De otra parte, la asociación "no aportaba facturas de los profesionales, ni contratos laborales, ni nóminas, ni justificantes de retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas". La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, previsto y penado en los artículos 404 y 74 el Código Penal, en su redacción vigente en el momento de los hechos. Al juicio están llamados como testigos concejales que formaron parte de la Corporación cuando se repartieron las ayudas.

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