Los "reparinos" pueden salir caros. Una de las interventoras que declaró el lunes en el juicio por prevaricación al alcalde de Aller, David Moreno, afirmó que "levantar los reparos" (desoír recomendaciones jurídicas del servicio) es una práctica relativamente común en los ayuntamientos. La Corporación allerana conocía de sobra los avisos de Intervención sobre el caso que ha llevado al regidor al banquillo: el reparto de subvenciones para la asociación deportiva que se encargaba de las actividades en el polideportivo de Sotiello, emitidos mes a mes desde 2005 hasta 2014 (año en el que el PP presentó denuncia ante la Fiscalía). Decían que era "el reparín" y el propio regidor afirmó ante la jueza que no conocía la gravedad de la actuación. "No pensé que me fuera a traer aquí", aseguró. ¿Por qué se levantan los reparos? Los técnicos consultados por LA NUEVA ESPAÑA aseguran que, aún siendo una práctica no recomendable, "en ocasiones resulta realmente difícil manejar la Administración siguiendo al pie de la letra la legalidad".
El juicio al Alcalde y a su antecesor, Gabriel Pérez Villalta, tendrá una nueva vista el día 25. En la primera, la del lunes, las declaraciones de los técnicos y los acusados se centraron en dos cuestiones: si el convenio con la asociación estaba vigente y si, en realidad, la relación entra la Administración y la entidad se basaba en una subvención o en un contrato. El convenio se firmó en el año 1996 y se renovó un año después. Luego, apunta la defensa, se mantuvo con renovaciones "tácitas" entre las dos partes. El Ministerio Fiscal pide diez años de inhabilitación para los acusados porque considera que las subvenciones se repartieron "con carácter injusto y arbitrario".
Los acusados defienden su inocencia. Ya está probado que no hubo enriquecimiento irregular para las arcas municipales. Así lo confirmó el auto del Tribunal de Cuentas, tras un largo proceso que mantuvo un embargo a Moreno Bobela durante más de tres años. "No llevamos nada, ni un euro, para casa. Ni David ni yo", aseguró Gabriel Pérez Villalta. De hecho, el servicio resultaba más económico con el proceso denunciado que con la nueva gestión. "Hay otros ayuntamientos asturianos que mantienen servicios a través de procedimientos similares", afirmaron ayer las fuentes consultadas.
Hay una fecha clave en el procedimiento administrativo del Ayuntamiento de Aller que ahora se juzga: el año 2005, cuando entró en vigor la nueva Ley de subvenciones. Fue entonces cuando la relación entre Administración y entidad deportiva, según los técnicos, debería de haberse regularizado. De hecho, ese año empezaron los reparos de Intervención. Los acusados mantuvieron que creían que ese convenio de 1996 seguía en vigor. "En ocasiones, estas irregularidades se van dejando para evitar la paralización de un servicio o por no sobrecargar las arcas municipales", afirmaron los expertos consultados.
Convocatoria pública
Moreno aseguró en sede judicial que, desde su llegada a la Alcaldía, resultaba imposible convocar un concurso público en el polideportivo de Sotiello por el plan de ajuste. Sí es cierto, como apuntó la acusación particular (ejercida por el PP), que el modelo de estas actividades cambió tras la denuncia del PP. "Puedo tener todos mis argumentos claros, pero permítame ser prudente", replicó Moreno al letrado cuando cuestionó su actuación tras la denuncia ante la Fiscalía.
El cambio se produjo, pero hubo una paralización en el servicio, protestas de los usuarios y también de los monitores que ofrecían las actividades. El polideportivo de Sotiello funcionó sólo para algunos clubes y equipos de fútbol durante casi dos meses. Las salas de actividades -que incluyen artes marciales, aerobic y pilates, entre otras- permanecieron cerradas. Luego se externalizó la gestión, siguiendo el modelo del polideportivo de Cabañaquinta.
