El ministerio de Energía que dirige Álvaro Nadal ha realizado un borrador del nuevo decreto por el que se regulará la clausura de las centrales térmicas y con el que pretende incluir criterios que hasta ahora no se tenían en cuenta. Entre ellos, ahora se valorará la influencia que el cese de la actividad pueda tener sobre el recibo de la luz o sobre la actividad económica ligada a las materias primas que se usen como alimento. El borrador ya ha sido trasladado a Bruselas para que se analice su viabilidad con las normas europeas en materia energética.
Pero el Gobierno no es el único que está dando pasos adelante. También el propio presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aseguró hace unos días que la transición energética hacia un modelo sostenible que sustituya la producción con fuentes contaminantes por energías limpias "es la única solución capaz de conciliar la satisfacción del fuerte crecimiento de la demanda energética con el cumplimiento de los objetivos climáticos globales".
Transición
El máximo responsable de la eléctrica defendió "acelerar" la transición energética hacia ese modelo estableciendo la planificación "adecuada para impulsar definitivamente la descarbonización de la economía y procurando un reparto justo de los costes de acción por el clima entre los diferentes sectores, de acuerdo con el principio 'quien contamina paga'". Galán considera que la Unión Europea parte de "un diagnóstico acertado" y avanza "en la dirección correcta" con iniciativas como el paquete "Energía limpia para todos los europeos" o "la Plataforma de las regiones mineras en transición", "a la que se han sumado nuestras comunidades de Castilla y León y Asturias". "Esta iniciativa va a ayudar a las comarcas mineras a realizar una transformación hacia una economía moderna, sostenible y sólida colaborando en la creación de nuevos empleos, evitando el éxodo de nuevas generaciones y promoviendo las inversiones en nuevas tecnologías", añadió.
La continuidad de las térmicas en el país también tiene otra traba en Europa, concretamente dentro de la Comisión Europea, que está investigando las ayudas que el Gobierno español dio a las eléctricas que queman carbón.
