El juicio contra el alcalde de Aller, David Moreno, y su antecesor en el cargo, Gabriel Pérez Villalta, quedó ayer visto para sentencia. Están acusados de un presunto delito de prevaricación continuada derivado del pago de subvenciones a una asociación que ofrecía actividades en el polideportivo de Moreda entre 1996 y 2014. Al término de la segunda y última sesión, el regidor allerano aseguró estar satisfecho y confiado, aunque reconoció que "cuando entras en un Juzgado no sabes cómo vas a salir". En todo caso, su apreciación es que ha quedado demostrado que sí había un convenio con la asociación que "era el título jurídico para poder pagar". La Fiscalía discrepa, y mantiene que ambos obraron de forma "grosera y flagrante" al dar las ayudas. Solicita una inhabilitación de diez años, lo que podría obligar a dejar al cargo al actual regidor.

En la sesión de ayer, de más de cuatro horas, estaba prevista la declaración de hasta siete testigos, pero solamente tres hablaron ante el juez. Las defensas de Moreno y Villalta renunciaron a su comparecencia. No declararon ni la actual presidenta de Hunosa y exportavoz del PP en Aller, María Teresa Mallada (su partido denunció el caso ante la Fiscalía), ni Santos Fanjul, Víctor José Fernández y Antonio Suárez del Fueyo.

El primero en pasar ante la juez fue Nicanor Valle, interventor del Ayuntamiento durante ocho meses. Aseguró recordar las subvenciones que se daban a la asociación para la promoción del deporte en Aller y también los reparos que puso durante sus ocho meses en el Ayuntamiento. "A mi juicio no se cumplían los requisitos para dar una subvención de ese tipo, y no tenía constancia de un convenio en vigor", indicaba Valle, que agregó que "no había posibilidad de controlar financieramente la subvención con los datos que se aportaban".

El siguiente en subir al estrado fue el exconcejal de IU y delegado del área de Deportes, Alfredo González Arango. El exedil afirmó que sí había un convenio y reconoció una modificación del mismo en el año 2004. "Se llegó a un pacto y yo, como concejal delegado, firmé con el presidente de la asociación, Luis Barros, esa modificación", recordó Arango. Además, cuestionado sobre el control del servicio prestado, Arango indicó que esa tarea era "responsabilidad del coordinador deportivo", que "redactaba un escrito con las horas de actividades y que venía firmado por los monitores". Prueba de la existencia del convenio y de su conocimiento por toda la corporación, relató González Arango, fue "que en un pleno, la portavoz del PP, María Teresa Mallada, me increpó por no haber pagado a los monitores y decía que era inconsentible tener a gente sin cobrar, y que sin monitores no habría actividad". Además, relató que desde esa intervención del PP, se procedió a realizar retenciones de crédito para pagar las ayudas.

Importante fue también la declaración de José Antonio Soto López, secretario del Ayuntamiento entre 1992 y 2001, y que fue quien redactó las bases del convenio en 1996. En 2003 hubo un cambio de normativa con la entrada en vigor de la Ley de Subvenciones, pero indicó que ésta recoge "la concesión de subvenciones nominativas". Cuestionado por la Fiscal sobre los requisitos que se debía tener para poder obtener estas ayudas, Soto señaló que "se debía de presentar un proyecto y cumplir una serie de factores como estar al día con la seguridad social y el Ayuntamiento". Además, apuntó a que una vez que se consignaba una partida para ese fin, "y con nombres y apellidos, no se puede negar y hay que proceder al pago". En esta línea, ahondó en que "todo el mundo sabía que esa partida en el presupuesto municipal era para ese fin". "Si no se levantaba el reparo, el alcalde no cumplía con el convenio", matizó el técnico, que insistió en que el convenio se vino dando por prorrogado "tácitamente" al aparecer partida para ello en los presupuestos. Preguntado sobre si recordaba que en 1996 se habían respetado los principios de publicidad y concurrencia, el testigo no pudo precisar que se hiciera a través del BOPA, "pero pudo hacerse en el tablón de anuncios municipal, igual de válido".

Llegó el momento de las conclusiones. La más dura, la de la fiscal: "Hay un desprecio a la normativa jurídica y por los técnicos municipales, y se actuó de forma grosera, flagrante y continuada", espetó, para agregar que los alcaldes de Aller hicieron con las subvenciones "su voluntad y sin tener en cuenta lo que diga la ley". "Si una asociación puede durante 20 o 30 años disponer de un dinero público, es un caso clarísimo de prevaricación continuada". La acusación particular, que suscribió los argumentos de la fiscal, también agregó que "'el reparín' costó más de 600.000 euros".

Los abogados de la defensa quisieron dejar claro que "por una parte, el convenio existía", y que teniendo "convenio, subvención y servicio" había que pagar. El letrado de David Moreno insistió en que "no toda contradicción con un reparo lleva ligado el delito de prevaricación", y entendió esencial la resolución del Tribunal de Cuentas, en la que aseguró que se especifica que "todos los pagos estaban justificados de forma jurídica". Ambos reconocieron que pudo haber irregularidades, pero también que los reparos podían estar mal hechos. El caso quedó visto para sentencia con la petición de Fiscal y acusación particular de 10 años de inhabilitación para cargo público y con la petición de libre absolución por parte de las defensas.