Aunque la fecha del juicio todavía parece lejana y podría dilatarse incluso hasta comienzos del próximo año, la Fiscalía de León ya ha presentado su escrito de acusación contra los 15 acusados -empresarios y responsables de explotación- en el accidente minero del pozo Emilio, en Santa Lucía de Gordón (León). En el siniestro perdieron la vida seis mineros -uno de ellos el asturiano José Luis Arias- y resultaron heridos graves otros ocho trabajadores. El ministerio público solicita al Juzgado de Instrucción Número 4 de León la condena de tres años y medio de cárcel para cada uno de los encausados, así como indemnizaciones cuya suma superan los dos millones de euros, y que irán a las familias de los fallecidos y a los lesionados en un accidente que el propio fiscal considera "previsible y evitable" en su escrito.

En un duro escrito, el Fiscal señala que "todos los acusados incumplieron la obligación que, por sus respectivos cargos, legalmente les incumbía de facilitar las medidas necesarias para proteger la seguridad de los trabajadores". Además, subraya que "el accidente era previsible y evitable, y se produjo debido a que los trabajos de explotación en ese taller, que se habían iniciado el día 11 de octubre, se estaban realizando por los trabajadores en unas condiciones muy peligrosas y sin las adecuadas medidas de seguridad" y debido "a la omisión por los acusados de las medidas necesarias para vigilar la seguridad en el taller, y para variar la forma de explotación, paralizar el tajo e impedir que los trabajadores accedieran a diario a su puesto, lo que hubiera evitado el accidente". Como consecuencia de tales omisiones, continúa el fiscal, "los acusados pusieron en grave peligro la vida, salud e integridad física de los trabajadores, como finalmente ocurrió, materializándose el riesgo en la producción del accidente en el que resultaron seis trabajadores fallecidos y otros ocho lesionados".

Por ello, pide tres años y medio de cárcel para cada uno de los acusados, así como también la inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, y la inhabilitación especial para el ejercicio del oficio, al considerar a los encausados autores de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso ideal con seis delitos de homicidio por imprudencia grave, además de otros ocho delitos de lesiones por imprudencia grave -con una calificación distinta para el del mierense Juan Manuel Menéndez Montero debido a las graves secuelas que padece.

En el caso de las indemnizaciones, el fiscal valora en cada caso diferentes cantidades en función de los ascendientes y descendientes de los mineros fallecidos, así como también de la gravedad y las consecuencias de las lesiones de los heridos.

De esta forma, el ministerio público reclama para la familia de José Antonio Blanco 250.000 euros, para la familia de Juan Carlos Pérez 250.000 euros, para la familia de Manuel Antonio Moure 280.000 euros, para la familia de Orlando González 160.000 euros y para la familia de Roberto Álvarez, 340.000 euros. En el caso de la familia del asturiano José Luis Arias, no reclama en el juicio al haber sido ya indemnizada según el escrito del fiscal.

En el caso de los ocho heridos, el fiscal también pide diversas indemnizaciones. Para el turonés Juan Manuel Menéndez Montero, el fiscal pide hasta 272.500 euros de indemnización (67.100 euros por días de hospitalización e impeditivos y 205.400 euros por secuelas). El minero asturiano padece "síndromes neurológicos de origen central, síndromes no motores, deterioro de las funciones cerebrales superiores integradas, limitación grave que impide una actividad útil en casi todas las funciones sociales e interpersonales diarias, requiere supervisión continua y restricción al hogar o a un centro". "La secuela descrita relacionada con la encefalopatía anóxica sufrida le incapacita de forma absoluta para desempeñar cualquier actividad laboral", concluye el informe.

Javier Cabello (76.300 euros), Amancio Viñayo (66.100), Roberto Julián Crespo (106.850), Arpad Acs (24.550), José Manuel Díez (76.500), Miguel Ángel González (75.750) y Abel Viñuela (77.600), también deben ser resarcidos según el Fiscal.

Lo que todavía no está fijada es la fecha para el juicio y todavía parece que irá para largo. Uno de los letrados de la acusación, el mierense Antonio Pineda, del bufete Pineda&Turrero, señaló que "todavía faltan los escritos de las defensas, y al ser un juicio tan complejo y con tantos encausados el proceso puede que se dilate". De esta forma, la fecha del juicio, que se celebrará en León, podría incluso fijarse para finales del presente año o incluso para el primer trimestre del próximo año 2019.