Los servicios de salud mental, a debate en la Junta

 

PSOE e IU no admiten que se ponga en cuestión la reforma psiquiátrica de 1985

Los dos grupos rechazan una moción del PP que, acogiéndose a una sentencia sobre un niño degollado en Gijón, urgía mejoras «dignas» para enfermos y familias

26.04.2008 | 00:00

Oviedo, P. R.

La reforma psiquiátrica iniciada en Asturias en 1985, que consistió fundamentalmente en cerrar los antiguos sanatorios mentales y externalizar la atención de los enfermos, debe ser el punto de partida de cualquier proyecto de futuro de la atención mental. Los grupos parlamentarios del PSOE e IU-Bloque por Asturies-Los Verdes defendieron ayer esa reforma en un debate propiciado por el PP, que presentó una moción en la que urgía una reforma para «mejorar de una forma digna para el enfermo y adecuada para la convivencia familiar y social». La propuesta fue rechazada con los votos de los dos grupos de izquierda, y los socialistas, a través de su diputada Pilar Alonso, anunciaron la próxima presentación en la Cámara de «una nueva estrategia basada en el conocimiento real de la situación y sin poner en cuestión la reforma de 1985».

Carlos Galcerán, el diputado que la defendió, utilizaba como argumento una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias que condenó a un enfermo de esquizofrenia a quince años de internamiento en un centro por la muerte de un niño de 6 años, a quien degolló en un parque de Gijón. En la sentencia, el juez afirmaba que el hecho había supuesto una justificada alarma social que había evidenciado un deficiente funcionamiento de los servicios de atención de salud mental. La moción popular instaba al Gobierno regional a una revisión de sus políticas y solicitaba para los enfermos con alteraciones psíquicas importantes «medidas educativas y de carácter preventivo».

Galcerán apoyó su petición en la carga que supone para las familias la atención y el cuidado que exigen estas personas con serios trastornos, y citó como ejemplos varias informaciones y cartas publicadas en los medios de comunicación en las últimas semanas. «Hace unos días, me llamó una madre con cuatro hijos con trastorno mental, dos de ellos controlados, un tercero en una silla de ruedas y el cuarto con una patología dual. Me decía: ¿qué puedo hacer? Llamé el lunes al coordinador del área de Salud Mental, señor Fernández Díaz; le llamé el martes, el miércoles... y ya no le llamé más. No logré hablar con él. No podemos mirar para otro lado», dijo.

Más tarde, el consejero de Salud, Ramón Quirós, que siguió el debate desde su escaño, le aclararía que difícilmente podía conseguir hablar con José Fernández «porque está cesado. La coordinadora ahora es la psiquiatra Beatriz Camporro», subrayó.

Noemí Martín, representante de IU-Bloque por Asturies-Los Verdes, afirmó que no apoyarían la moción «porque no nos gusta ni el punto uno ni el dos». En su opinión, el impacto social de algunos casos genera la estigmatización de los enfermos, y la moción del PP la consolida. «Por muy potente que sea el sistema público de atención mental siempre vamos a convivir con casos que espeluznan, creo que superan a la propia sociedad y, por muchos esfuerzos que se hagan, me temo que debemos convivir con ellos».

Los enfermos mentales que protagonizan hechos delictivos son un 3 por ciento, porcentaje similar al de las personas que no padecen ninguna enfermedad. Noemí Martín añadió que la coalición apoya todo tipo de mejoras en el servicio, «pero sobre la base del modelo iniciado en los años ochenta. El impacto social no debe llevarnos a modelos superados».

La diputada socialista fue mucho más dura con la propuesta del PP, que calificó de «oportunista» y «alarmista». Pilar Alonso dijo que «ningún modelo y ningún ordenamiento jurídico será capaz de resolver estos problemas». La portavoz socialista defendió la política de salud mental del Gobierno de Asturias y acusó a los populares de falta de seriedad y rigor a la hora de exponer un problema que, según señaló, afecta al 0,7 por ciento de la población adulta asturiana, unas 6.000 personas.

«Tenemos que pedir ecuanimidad, sensatez y rigor», dijo Pilar Alonso, para quien la moción del PP carga «contra avances sanitarios y sociales que ya nadie pone en cuestión».

La diputada acusó al PP de no tener nada en su programa electoral sobre política de salud mental. «El objetivo de los socialistas es ayudar a las personas que tienen ese grave problema y a sus familias sumándose a un planteamiento avalado por toda la comunidad científica», subrayó. «Hay muchas familias pasándolo mal y durmiendo bajo llave y eso no es tolerable», respondió Galcerán.

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