Gijón

El esperado informe de evaluación de los administradores judiciales del Sporting se ha quedado reducido a la mínima expresión. Mientras el sportinguismo esperaba que se depuraran responsabilidades de aquellos que han conducido al club a la situación económica y deportiva en la que se encuentra la entidad, el informe de los administradores concursales pasa de puntillas. Lo cierto es que Celestino Suárez Viñuela, Antonio González-Busto y Juan Miguel González analizaron la actuación del consejo de administración durante un período de únicamente nueve meses. El comprendido entre el 1 de septiembre de 2004 -momento en que entra en vigor la ley concursal- y 14 de junio de 2005, fecha en la que se declara el concurso de acreedores del Real Sporting de Gijón.

Lo cierto es que el informe de evaluación, uno de los últimos trámites del proceso concursal, propone la exculpación del actual consejo de administración rojiblanco. «No existen razones responsables para considerar que el concurso del Real Sporting de Gijón, SAD, pueda ser considerado culpable», señala dicho informe. Los administradores concursales proponen al juez que considere fortuito el concurso.

Del mismo modo, los administradores concursales consideran que, durante los nueve meses analizados, el consejo de administración cumplió con su deber de proponer a la junta de accionistas de la entidad la ampliación del capital social en la medida necesaria para restablecer el equilibrio patrimonial. Por ello, consideran que «no existió dolo, ni culpa grave en la persona de los administradores del Real Sporting de Gijón en la generación o agravación del estado de insolvencia», de tal forma que los interventores judiciales proponen el juez que exculpe al consejo rojiblanco.

Todo está ahora pendiente de que el juez titular del Juzgado de lo mercantil número 1 de Oviedo, Alfonso Muñoz, ratifique o no las propuestas realizadas por los administradores concursales. En principio, la lógica apunta a que el juez seguirá las recomendaciones del informe de evaluación.

El proceso concursal del Sporting entrá así en su fase final. Por delante, se abre un período en el que el club tendrá que hacer frente a la deuda resultante de la quita y que asciende a 25,9 millones de euros, según hizo público el consejo de administración en la última junta de accionistas celebrada el pasado 28 de diciembre. De esos casi 26 millones de euros, una parte importante tendrá que abonarse en el plazo de cinco años, mientras que la entidad ha logrado firmar convenios especiales con las administraciones públicas y con algunos de sus principales acreedores. En este caso, el plazo para el pago se amplía hasta los diez años.

El Sporting apura las gestiones para tratar de convencer al mayor número de acreedores posibles de que capitalicen su deuda por acciones de la entidad. Por el momento, no parece que está vía esté convenciendo a demasiados acreedores del club. Nadie explica cómo se pagarán 25,9 millones.