La sociedad que pagó lo que el Sporting no tenía

Una empresa para un cometido. Eso es Castellana de Negocios, la sociedad creada al calor de la operación diseñada por el máximo accionista del Sporting, José Fernández, y el ex propietario del Real Oviedo Celso González, para cobrar la deuda de los cofiadores de un aval solicitado por el Sporting en 1995. En su nombre negoció González con cada uno de los avalistas. Y gracias a ella, Fernández ha pasado a controlar más del 80% del capital social del club rojiblanco. Una operación casi perfecta que ve la luz el 18 de mayo de 2007.

Ese día, un intermediario de José Fernández inscribe la empresa en el Registro Mercantil de Madrid. Por entonces, el Banco Sabadell ya había dado los primeros pasos para iniciar el embargo de parte de los bienes de los diez avalistas del Sporting, entre los que se encuentra el propio Fernández junto a nueve ex directivos sportinguistas. Una de esas propiedades es el chalé que el empresario gijonés tiene en Somió. Tras más de diez años de demora en el pago del aval solicitado por el Sporting, que ascendía al 1.785.054 euros, la entidad financiera inicia los trámites para hacerse con la vivienda. Casi al mismo tiempo nace Castellana de Negocios.

Habría de pasar algún tiempo hasta que los cofiadores tuvieran constancia de la existencia de esta sociedad, creada con un capital social de únicamente 3.000 euros, administrada inicialmente por el empresario Pedro Calviño y con sede en la calle Doctor Fleming, número 32, de Madrid. Antes, Castellana de Negocios llevará a cabo el paso previo a la compra de la deuda: una ampliación de capital por el importe exacto del aval, que por entonces ya ha alcanzado los 2.236.000 euros debido a la demora en el cobro. También cambia de administrador y pasa a depender del empresario octogenario Antonio Serrano un mes y una semana después de comprar la deuda, operación que ejecuta el 7 de abril de 2008. Siete días antes había cambiado su sede social en la capital de España.

Al poco tiempo, los cofiadores de Fernández -Pedro Morán, Florentino Fano, Luis Mitre, Alejandro Fernández-Nespral, Fernando Menéndez, Juan Silvestre, Ángel García Flórez, Cándido Cueto y José Ramón Fernández de la Vega Nosti- reciben la llamada de Celso González. El director del bufete de abogados Legalia les insta a negociar el pago de su deuda con Castellana de Negocios. La mayoría accede al trato, ya que les permite solventar su antiguo compromiso con el Sporting sin tener que hacer frente al importe total de su deuda. Muchos entregarán parte de sus acciones para evitar tener que hacer el desembolso en metálico. En ese momento, sospechan que están incrementando más aún el poder accionarial de José Fernández, del que sospechan que está detrás de la operación.

Unas sospechas que la mayoría aseguran corroborar cuando le piden a Celso González garantías sobre la sociedad a la que deben abonar el dinero. En ese momento, aparece la figura de Fernández como avalista de la compañía. De hecho, en los acuerdos que cada uno de los fiadores firman hace poco más de mes y medio figuran los nombres de Concepción Zaldívar, en representación de Castellana de Negocios y con domicilio en Gijón, y de Natalia Fernández, representante de José Fernández y con domicilio en Oviedo. Estos acuerdos permiten a los antiguos directivos romper definitivamente su vinculación económica con el Sporting, después de quince años de tensiones por los impagos.

En la información comercial básica relativa a Castellana de Negocios se asegura que la compañía circunscribe su actividad a la provincia de Madrid, que está considerada como una micropyme y que nunca ha sido auditada. También se afirma que ni exporta ni importa ningún tipo de producto, así como que tampoco cotiza en Bolsa. Además, nunca ha solicitado ningún crédito a ninguna entidad financiera. Según estos documentos, su objeto social es la «adquisición, parcelación, urbanización, promoción, venta y arrendamiento de terrenos y propiedades inmobiliarias de cualquier clase». Todo esto ha inducido a pensar a varios implicados en esta operación que se trata de una sociedad creada «ad hoc» para ejecutar el pago del aval bancario.