Fernández prometió a los avalistas que pagaría la deuda

José Fernández prometió en el año 1995 al consejo de administración del Sporting que se haría cargo personalmente del pago del aval solicitado por el club para sufragar deudas en concepto de derechos de imagen. Eso aseguran varios de los directivos de aquella junta, que hicieron las veces de cofiadores y que, ahora, se han visto obligados a desembolsar parte de la deuda a la sociedad Castellana de Negocios, intermediaria de Fernández. Esta empresa pagó el 7 de abril del año pasado los 2.236.000 euros del aval para después exigir a cada uno de los avalistas 60.000 euros. Algunos ya los han entregado.

Por eso, varios de los implicados en esta operación se consideran víctimas de un engaño. Los hechos se remontan al año 1995, cuando el Sporting solicita un aval al Banco Herrero para hacer frente al pago a la Hacienda Pública del 30% de los derechos de imagen de los contratos de varios jugadores de la plantilla. Fernández pide que todos los miembros de la junta directiva avalen solidariamente la operación con parte de sus bienes. Algunos ponen impedimentos, al alegar que no es lógico que se reparta la responsabilidad equitativamente, ya que no todos poseen el mismo número de acciones del club. Fernández promete entonces -siempre según testimonio de varios implicados- que, en caso de que la situación se complique, él se hará cargo del pago.

Un argumento que refuerza el abogado entonces contratado por la entidad, Viliulfo García. El letrado, que presenta un recurso contra Hacienda para evitar que el Sporting tenga que pagar los derechos de imagen, promete que la sentencia será favorable a los intereses rojiblancos. Es el empujón definitivo que necesitan los directivos para dar su sí a la operación. «Pecamos de ingenuidad», aseguran ahora algunos afectados, que prefieren mantener el anonimato.

Y lo hicieron porque, en primer lugar, la sentencia fue contraria a lo defendido por el Sporting. El club se vio obligado entonces a pagar el aval, pero no tenía dinero. Por eso, el banco comenzó en 2006 un proceso de embargo de las propiedades de los cofiadores. Entre ellos, el chalé de Fernández en Somió. Casi paralelamente se crea la sociedad Castellana de Negocios.

Esta compañía se hace cargo en 2008 de la deuda. Poco después, exige que cada uno de los cofiadores le entregue 60.000 euros. Esa negociación la lleva a cabo el despacho de abogados Legalia, dirigido por el ex-propietario del Oviedo Celso González con cada uno de los nueve ex-directivos (Pedro Morán, Florentino Fano, Luis Mitre, Alejandro Fernández-Nespral, Fernando Menéndez, Juan Silvestre, Ángel García Flórez, Cándido Cueto y José Ramón de la Vega Nosti). Al menos seis de ellos han entregado ya la cantidad solicitada, bien en acciones, bien en metálico.

Esta operación permite ahora a Fernández tener un mayor poder en el Sporting, a través de las acciones que ha conseguido acumular Castellana de Negocios de estos antiguos dirigentes rojiblancos. Además, también ha conseguido que la entidad rojiblanca aumente su deuda con él, ya que ahora el club gijonés le debe el pago del aval a esta sociedad con sede en Madrid, que está bajo su control.

Estos movimientos hacen pensar que el máximo accionista de la sociedad rojiblanca está preparando la venta de su paquete accionarial, que asciende a más del 80% de los títulos. Fernández controla casi el 30% personalmente y, además, tiene el 50% de la sociedad por el futuro y la estabilidad del club, que acapara el 49% de las acciones. A lo que ahora se suman las que ha recibido recientemente a través de Castellana de Negocios.

Pero lo más grave para varios de los ex-directivos del Sporting es el supuesto engaño que sufrieron. Según declaran, decidieron respaldar la operación porque en ningún momento creyeron que perderían dinero, dada la promesa realizada por Fernández. Ahora, quince años después, se han visto obligados a pagar para zanjar un asunto que amenazaba sus propiedades.