El Sporting pidió el aval para contratos de Plácido Rodríguez

Los contratos por derechos de imagen que motivaron la petición de un aval de 1.785.054 euros al Banco Herrero en el año 1995 por parte del Sporting para pagar a Hacienda fueron firmados durante la presidencia de Plácido Rodríguez. Además, el club se vio obligado a solicitar el préstamo bancario tras la aprobación de una nueva ley que regulaba este tipo de contratos, comunes en la década de los noventa en el mundo del fútbol. Por este motivo, el abogado entonces contratado por la entidad, Viliulfo Díaz, entiende que existía «un vacío legal» al respecto.

La solicitud del aval estuvo respaldada por las propiedades de los diez directivos sportinguistas en 1995 -Pedro Morán, Florentino Fano, Luis Mitre, Alejandro Fernández-Nespral, Fernando Menéndez, Juan Silvestre, Ángel García Flórez, Cándido Cueto, José Ramón Fernández de la Vega Nosti y el máximo accionista, José Fernández-. Según varios miembros de aquel consejo, Fernández prometió al resto que se haría cargo del pago del aval llegado el momento. Sin embargo, hace mes y medio varios de los cofiadores han tenido que desembolsar 60.000 euros a una sociedad interpuesta, Castellana de Negocios, que se hizo cargo de la deuda en 2008. Las negociaciones para cobrar este dinero las dirigió Celso González, director del despacho de abogados Legalia y antiguo propietario del Oviedo.

«El consejo de administración que solicita el aval se encuentra una situación heredada de los contratos firmados en la época anterior», aseguró ayer Díaz. El abogado añade además que la entrada en vigor de la ley que obliga a los clubes a pagar a Hacienda un 30% de los contratos de imagen de sus futbolistas es posterior a la firma de dichos acuerdos por parte del Sporting. «Por eso, en su día pensamos que podría no tener efectos retroactivos». Aun así, matiza que «Hacienda tuvo sus dudas y, como prueba, está el hecho de que el club no sufrió ninguna sanción al respecto».

Pero una sentencia posterior obligó al Sporting a pagar esos derechos. Por eso, a la entidad rojiblanca no le quedó otra opción que solicitar la ayuda bancaria. «Si no se hubiera pedido aquel aval, el Sporting no habría podido pagar», apunta Díaz. El impago del Sporting motivó que el banco iniciara un proceso de embargo de las propiedades de los cofiadores, entre las que se encontraba el chalé de Fernández.