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HEMEROTECA » EL TIEMPO » |
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Gijón, Eloy MÉNDEZ
Varios de los cofiadores del aval solicitado por el Sporting en el año 1995 para hacer frente ante Hacienda a los derechos de imagen de varios jugadores quisieron celebrar una reunión conjunta para efectuar el pago de sus respectivas partes a la sociedad interpuesta Castellana de Negocios. Una reunión que, finalmente, no pudo celebrarse ante la oposición de Celso González, jefe del despacho de abogados Legalia y que dirigió las negociaciones con cada uno de los avalistas. Una postura defendida por José Fernández, máximo accionista de la entidad rojiblanca y que ha visto incrementar su parte del capital social del club después de esta operación. Fernández se negó ayer a hacer declaraciones a este diario.
Poco después de recibir la primera llamada de González, varios de los diez cofiadores del aval se pusieron en contacto para llevar a cabo las negociaciones de una forma conjunta. Sin embargo, siempre según testimonio de los implicados, esa reunión no fue posible ante la falta de interés de alguno de ellos, que se dejaron asesorar por el propio González y por José Fernández. Los partidarios de que las negociaciones se dirigieran de forma consensuada querían buscar una solución alternativa al pago de los 60.000 euros que cada uno tuvo que abonar finalmente, bien en metálico, bien en acciones.
En su día, Fernández había prometido al resto de los cofiadores, todos miembros del consejo de administración del Sporting cuando se solicitó el aval, que él se haría cargo del pago de la deuda. Por eso, muchos decidieron avalar la petición de la ayuda bancaria de forma solidaria, aunque el porcentaje de acciones que poseían era muy dispar. Pasado el tiempo, y debido al impago del Sporting, el banco inició un proceso de embargo sobre las propiedades de los ex directivos. Poco después, se crea la sociedad Castellana de Negocios, que se hace cargo de la deuda y exige, a través de Celso González, que cada uno de los avalistas pague su parte. Algo que ocurre finalmente hace poco más de mes y medio.
Ahora, tras haber pagado la cantidad exigida, muchos de los ex responsables rojiblancos se consideran engañados quince años después. LA NUEVA ESPAÑA ha tenido acceso a varios de los acuerdos firmados por varios de ellos con Castellana de Negocios, en los que figura la firma de una representante de Legalia y de otra de José Fernández. Algo que evidencia que la sociedad, con sede social en Madrid, está sustentada por el máximo accionista de la entidad rojiblanca.
Este diario se ha intentado poner en contacto con José Fernández durante los últimos días y ayer consiguió contactar con él. Sin embargo, el empresario prefirió no dar una valoración sobre el asunto. El gijonés controla más del 80 por ciento del accionariado del club rojiblanco, entre los títulos que tiene a su nombre, los recibidos recientemente y los que controla a través de la empresa Por el Futuro y la Estabilidad del Club.
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