Hacienda persigue a Alberto González

Oviedo, E. CASERO
El accionista mayoritario del Oviedo y vicepresidente del club, Alberto González, se enfrenta hoy a un juicio por presunto fraude a Hacienda. El ministerio fiscal le acusa de dos delitos contra la Hacienda Pública, por las irregularidades en las declaraciones de impuestos de la empresa Asturterra, S. L. durante el año 2004. Por entonces, González era el administrador único de la sociedad y, por tanto, responsable directo de su actividad.

Para el fiscal, el acusado es responsable de dos delitos, por los que solicita para él un total de dos años de prisión con inhabilitación de sufragio pasivo por el mismo tiempo. De ser condenado, Alberto González tendrá que pagar una multa de 905.454 euros (590.001 por el Impuesto de Sociedades y 315.453 por el Impuesto sobre el Valor Añadido, más intereses) «con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, además de la pérdida de derecho a percibir ayudas o subvenciones públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.

Para la fiscalía estos hechos «son constitutivos de dos delitos contra la Hacienda Pública del artículo del Código Penal, uno por elusión en el Impuesto sobre Sociedades y otro en el Impuesto sobre el Valor Añadido». Según Íñigo María Gorostiza, fiscal del caso, durante 2004 la entidad Asturterra, S. L. dejó de reflejar en su contabilidad y tampoco tributó a Hacienda los impuestos correspondientes a varias operaciones realizadas durante esos meses, como la compra de un solar en La Argañosa que posteriormente vendió a la mercantil Inversiones y Proyectos Estevesa, S. L.; la transmisión de once solares a la empresa San Claudio Inmuebles, uno de los cuales fue vendido a un particular, siendo los administradores solidarios de la empresa de San Claudio el propio Alberto González y su hermano Renato Fructuoso; además de la venta de una finca en Las Segadas, tampoco tributada, a la empresa Elecinco Construcciones, una transacción que ni fue declarada en el Impuesto de Sociedades, ni se repercutió el 16% de IVA, no se expidió factura de la misma ni tampoco fue anotada en los libros correspondientes, según el fiscal del caso.