La Liga española, bajo sospecha

Madrid
El escándalo de las apuestas ilegales empieza a salpicar al fútbol español. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol acordó ayer la apertura de expediente disciplinario deportivo contra siete futbolistas por amañar partidos para apuestas.

Los jugadores investigados son Francisco Javier Suárez Lizano (Gramenet), Mario Gómez Atanet (Alcorcón), Juan Carlos Ceballos Pinto (Córdoba), Raúl Lucha Hurtado (Amposta), Francisco Medina Luna, «Piti» (Rayo Vallecano), Javier Monteys Verdaguer «Monty» (también del Gramenet) y Javier López Vallejo (Zaragoza). Esta lista se supo a través de la página web de la Unión Deportiva Las Palmas, a la que Competición remitió el listado de jugadores al ser investigado uno de los futbolistas, el del Rayo, por el partido con Las Palmas.

El escándalo surge precisamente en un momento en el que la UEFA también investiga partidos de la Liga de Campeones y de la Liga de Europa después de que se detectasen irregularidades que hacían sospechar que los partidos se amañaban por cuestiones de apuestas.

El caso ha llegado a España a instancias de la UEFA. El máximo organismo futbolístico europeo inició las pesquisas en junio, al detectar apuestas sospechosas en algunos encuentros y alertó a las federaciones de la existencia de infracciones eventualmente cometidas por deportistas que habían apostado especulando con el resultado de los propios partidos y de otros.

La Federación anunció en un comunicado que el expediente obra en manos de la justicia: «Tras averiguaciones en el marco de unas diligencias informativas se ha obtenido diversa documentación, lo que ha llevado a que, en atención a lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto 1591/1992, el Comité haya trasladado a la Fiscalía General del Estado el expediente que obra en su poder, en el entendimiento de que lo acontecido pudiera revestir el carácter de delito o falta penal».

La nota añade que la Federación «se pone a disposición de la Fiscalía General del Estado y continuará con las investigaciones que procedan en el marco de las diligencias penales que se puedan poner en marcha».