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Loa azules, en una semana decisiva 

Reclaman el embargo de los bienes y acciones de Alberto González

Un grupo de empresarios gijoneses solicita que el máximo accionista y su socio Ángel Martín Vaca abonen una deuda que asciende a 470.000 euros

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Reclaman el embargo de los bienes y acciones de Alberto González
Reclaman el embargo de los bienes y acciones de Alberto González  

Oviedo, José PALACIO
Un grupo empresarial gijonés, encabezado por Fernando Pérez Montes, reclama al máximo accionista del Oviedo, Alberto González y a su socio y vicepresidente económico del Oviedo, Ángel Martín Vaca, así como a la entidad mercantil San Claudio Inmuebles, una deuda que asciende a 470.000 euros. Para ello solicitan el embargo de los bienes y acciones de ambos y de la sociedad.

Los hechos se remontan a 2007, cuando este grupo empresarial gijonés acuerda la compra de unos terrenos en Cudillero, fijando una garantía de recompra por parte de la sociedad de Alberto González y Ángel Martín Vaca, en el caso de que no se pueda edificar en ellos, como ocurre al final.

La recompra no se lleva a efecto y el grupo empresarial presenta una demanda en el Juzgado de primera instancia de Oviedo, que el pasado 5 de febrero de 2010 estima la reclamación de los demandantes reconociendo esa deuda.

Para satisfacerla, y a pesar de que González y Martín presentaron recurso de apelación contra esa resolución, el juez decretó el embargo de una cuenta a nombre de San Claudio Inmuebles, en la sucursal del Banco Popular de Oviedo ubicada en la calle Nicolás Soria, número 11. Al ser requerida por el Juzgado la entidad bancaria respondió que esa empresa «no es titular de ninguna cuenta con saldo acreedor en esta sucursal».

Ante la imposibilidad de ejecutar la sentencia, el grupo empresarial gijonés vuelve a dirigirse al Juzgado de primera instancia, número 2, esta vez, solicitando ya el embargo de una larga lista de cuentas y bienes a nombre de los demandados, entre ellos las acciones que Control Sport Siglo XXII -sociedad titular del mayor paquete accionarial del Oviedo, el 37,8%- posee en el club azul.

En la extensa relación de bienes de los que se solicita el embargo figura el lujoso chalet en el que reside el máximo accionista del Oviedo, Alberto González, en la falda del Naranco, sobre el que también pesa una hipoteca de 861.000 euros. Asimismo, reclaman el embargo sobre tres fincas urbanas ubicadas en la calle La Cuesta, de Candás, las tres con cargas hipotecarias, y una rústica en La Braña (Parres).

También se solicita el embargo de diez cuentas a nombre de la Sociedad San Claudio Inmuebles, una de Ángel Martín Vaca y dos de Alberto González, una de ellas con el saldo a cero.

En el escrito de la demanda también se hace mención a la condición de Alberto González de «administrador solidario de la sociedad mercantil Control Sport Siglo XXII, S. L., por lo que es fácil deducir que sea accionista de la misma, y se invoca el artículo 623.3 de la ley de Enjuiciamiento Civil. Según éste, «Si se embargaren participaciones en sociedades civiles, colectivas, comanditarias, se notificará el embargo a los administradores de la sociedad, que deberán poner en conocimiento del tribunal la existencia de pactos de limitación a la libre transmisión de acciones o cualquier otra cláusula estatutaria o contractual que afecte a las acciones embargadas».

Por otra parte, Alberto González tiene pendiente también una petición de dos años de cárcel y una reclamación de 905.454 euros en concepto de responsabilidad civil por un supuesto fraude fiscal en 2004, a cargo de la empresa Asturterra, S. L., de la que era administrador único. Según el fiscal, la sociedad dejó de reflejar y de tributar los impuestos sobre varias operaciones. Entre ellas, la ocultación de las plusvalías resultantes de la transmisión de diez solares a cambio de participaciones en otra empresa, San Claudio Inmuebles, S. L., de la que son administradores solidarios Alberto González y su hermano. Asturterra tampoco repercutió el IVA ni incluyó en el Impuesto sobre Sociedades los ingresos de una serie de operaciones que incluyen la venta de una finca en Las Segadas a Elecinco Construcciones por 150.597 euros.

El juicio se aplazó el pasado mes de octubre porque la documentación remitida por Hacienda era, según el juez, insuficiente y la información que faltaba era indispensable para el proceso».

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