El Juzgado decreta la subasta de las acciones del Oviedo

El ciclo de Control Sport Siglo XXII en el Oviedo puede llegar a su fin por vía judicial. El anunciado final de Alberto González como máximo dirigente de la entidad azul puede acelerarse tras la diligencia dictada por la secretaria judicial del juzgado de primera instancia de Oviedo en la que ordena la subasta notarial de Control Sport Siglo XXII, sociedad titular del mayor paquete accionarial del Oviedo con el 37,8 por ciento, para satisfacer la deuda que Alberto González mantiene con un grupo empresarial gijonés encabezado por Fernando Pérez Montes por un valor de 470.000 euros.

Los hechos se remontan a febrero de 2010, cuando el juzgado de primera instancia de Oviedo condenó a Alberto González, Ángel Martín Vaca (socio del presidente del Oviedo y consejero del club) y la sociedad San Claudio Inmuebles (propiedad de ambos) a abonar 470.000 euros a un grupo empresarial gijonés.

La sentencia basaba su resolución en la venta de unos terrenos en Cudillero realizada en 2007. En aquella ocasión el grupo empresarial acordó la compra de unas fincas con una garantía de recompra por parte de la sociedad formada por González y Martín Vaca en el caso de que no se pudiera edificar sobre ellas, como finalmente ocurriría.

Tras la sentencia en contra de los intereses de Alberto González en febrero del año pasado, una nueva resolución del secretario judicial el 9 de junio del mismo año decretó el embargo de bienes y acciones de González, entre ellas las relativas a Control Sport Siglo XXII. La resolución abría una vía para que los demandantes, representados por Pérez Montes, solicitaran la subasta de cualquiera de los bienes embargados en el caso de que el máximo accionista del Oviedo no pagara su deuda.

El deseo de Pérez Montes fue el de instar desde el primer momento la subasta de los títulos de Control Sport, como medida de presión para que Alberto González le pagara lo adeudado, pero el juzgado prefirió esperar a que la deuda pudiera quedar satisfecha con la ejecución de alguno de los inmuebles propiedad de Alberto González. Así, en septiembre se llevará a cabo la subasta de otro inmueble tasado en 101.838,05 euros a efectos de subasta, que servirían para reducir la deuda del máximo dirigente azul pero en ningún caso para satisfacer la deuda al completo.

Este hecho fue el que desencadenó que el juzgado se incline ahora por solicitar la subasta de las acciones de Control Sport. La diligencia de la secretaria se dirige al colegio de notarios de Oviedo para que designe la notaría de la ciudad que lleve a cabo la subasta. El proceso sufrirá un ligero retraso por el periodo estival. Agosto no tiene días hábiles por lo que la designación del colegio de notarios tendrá lugar previsiblemente en los primeros días de septiembre. Una vez que se conozca la notaría la fijación de la fecha definitiva para realizar la subasta judicial tendría lugar en noviembre o diciembre, según fuentes jurídicas consultadas.

A pesar de la resolución judicial, Alberto González tiene la posibilidad en cualquier momento de pagar la deuda y evitar la subasta de la sociedad que controla el club azul. Incluso una vez realizada la subasta el máximo dirigente podría satisfacer la cantidad adeudada antes de que se produzca el auto de adjudicación (a los pocos días de concluir la subasta).

Fuentes cercanas al caso aseguran que la actitud de Alberto González a lo largo del proceso ha sido de poca o nula colaboración con la justicia. El máximo accionista sólo intervino tras la tasación pericial de las acciones de Control Sport para recurrir la misma, aunque su recurso no fue favorable a sus intereses.

Si Alberto González no satisface su deuda se abriría la posibilidad de que personas interesadas en entrar en el accionariado del Oviedo encontraran una nueva vía de acceso más económica que la compra directa a González. Siempre que Control Sport continúe siendo el máximo accionista del club azul con el 37,8 por ciento, el control de la sociedad implicaría el acceso a la entidad carbayona.

Además de los 470.000 euros que debe al grupo empresarial encabezado por Fernando Pérez Montes, Alberto González debe afrontar el pago de los 1.748.150,96 euros de euros relativos a la condena por dos delitos de fraude contra la Hacienda pública. En la sentencia dictada el pasado 8 de junio se condenaba además a dos años de prisión al máximo accionista azul, circunstancia que sólo podrá evitar si paga los 874.075,48 euros relativos a la responsabilidad civil.