El futuro inmediato del Oviedo se mueve en torno a unas acciones de las que pocos conocen su situación real. Las venturas y desventuras de Alberto González por los juzgados están logrando sacar a la luz más información sobre Control Sport Siglo XXII, enigmática sociedad titular del mayor paquete accionarial del Oviedo, con el 38,17 por ciento. La novedad radica ahora en que la Tesorería General de la Seguridad Social también ha solicitado el embargo de la sociedad.

No es la única carga que pesa sobre Control Sport. El Banco Pastor sigue teniendo la pignoración de las acciones por valor de un millón de euros y el Juzgado de primera instancia número 2 de Oviedo también ha embargado la sociedad.

El embargo judicial sigue teniendo prioridad sobre el de la Seguridad Social por haberse producido antes. Éste procede de la orden del Juzgado de primera instancia número 2 de Oviedo que declaró en febrero de 2010 que Alberto González debe abonar 470.000 euros a un grupo empresarial gijonés encabezado por Fernando Pérez Montes por la venta de unos terrenos en Cudillero sobre un terreno no edificable realizados en 2007.

Alberto González logró ayer una nueva dilación en el proceso al presentar un incidente de nulidad de actuaciones que evitó que se efectuara la subasta de un chalé de su propiedad, tasado previamente en 101.838 euros y sobre la que pesa una hipoteca del Banco Pastor. Tras la subasta del inmueble, el siguiente bien que Pérez Montes solicitó al Juzgado para satisfacer la deuda son las acciones de Control Sport, pendientes de la fijación definitiva de la fecha de subasta cuando el notario conozca la situación de la sociedad.

Tras la admisión del recurso por parte del juez, se suspenderá la subasta hasta que se traslade a los demandantes y el juez resuelva. Fuentes judiciales afirman que con la medida, Alberto González logrará dilatar el proceso al menos un mes.

Una vez se ejecute el chalé, como la deuda no quedará totalmente satisfecha, le tocará el turno de pasar por la subasta a Control Sport. Las autoridades se están encontrando un nuevo obstáculo en este punto: Alberto González no ha colaborado a la hora de informar sobre el estado de la sociedad. El notario nombrado judicialmente para ejecutar la subasta, José Esteban María Fernández, trasladó al Juzgado de primera instancia el proceso al no poseer todos los datos para seguir adelante.

El pasado viernes 4, el Juzgado dirigió una diligencia de ordenación a Alberto González para que informe sobre la situación de Control Sport y las cargas que pesen sobre ella, con un plazo de diez días hábiles para que el presidente azul cumpla su obligación.