Cuenca / Oviedo,
N. AZPARREN/ J. PALACIO
Después de tres meses de ausencia, Alberto González regresó a Oviedo. El presidente y máximo accionista del Oviedo hizo acto de presencia en el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo, encargado de la ejecución de la sentencia que le condenó a dos años de prisión y al pago de 1,8 millones de euros por dos delitos de fraude. Lo hizo más delgado que cuando abandonó la capital asturiana y con un tono de piel más dorado.
Veinte minutos antes de las 14.00 horas (hora límite de la que disponía para presentarse ante el juzgado de lo penal), Alberto González acudió al juzgado para verse con la juez que dirige la ejecución de la sentencia. El presidente del Oviedo fue citado en los juzgados para atender a un requerimiento de pago por sus incumplimientos acumulados en los abonos obligatorio que debe afrontar para pagar la responsabilidad civil correspondiente de la condena (874.075 euros).
Alberto González hacía acto de presencia en la esfera pública por primera vez en los últimos tres meses. El presidente azul abandonó España el 20 de diciembre. Siete días más tarde, conoció que el Tribunal Constitucional había desestimado el recurso de amparo que había interpuesto. El juzgado de lo penal suspendió en su momento la condena de prisión para el presidente del Oviedo tras presentar éste una solicitud de indulto al Gobierno. El juzgado le facilitó a la vez el pago de la responsabilidad civil correspondiente en la condena en 60 mensualidades que Alberto González ha incumplido en sus cinco primeros plazos. El impago provocó que el juzgado intentara sin éxito ponerse en contacto con Alberto González. El máximo accionista, en Panamá y otros países americanos -«por razones laborales» como reconoció a este periódico-, desde finales del año pasado dejó el asunto en manos de sus representantes legales. Fue su procuradora la que el pasado 2 de marzo comunicó al juzgado que González se presentaría en los juzgados a lo largo del día de ayer.
La condena a Alberto González tiene su origen en unas operaciones realizadas en 2004 por Asturterra, S. L., empresa de la que es administrador único. Para la Hacienda se trata desde el inicio de dos delitos de fraude. La absolución en primera instancia del máximo accionista se basó en la ausencia de dolo en la conducta de Alberto González, criterio que no siguió la Audiencia Provincial que condenó al presidente del Oviedo a dos años de cárcel y el pago de 1,8 millones de euros entre multas y responsabilidad civil.
El impago de la responsabilidad civil puede tener graves consecuencias. El artículo 81 del Código Penal es claro al respecto al señalar el pago de esta cuota como trámite obligatorio para evitar que un condenado por menos de dos años y sin antecedentes penales a penas privativas de libertad. Alberto González no ha satisfecho ningún pago hasta la fecha correspondiente a su condena por lo que ha recibido el requerimiento para que efectúe el pago.
