La Comunidad Valenciana es dueña de tres de sus clubes de fútbol más importantes. Lo es porque Valencia, Hércules y Elche ya han anunciado que no pagarán los créditos que pidieron a diferentes entidades financieras y que fueron avalados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), un organismo dependiente del gobierno valenciano. Las entidades bancarias ejecutarán el aval de la Generalitat y ésta pasará a tener el paquete mayoritario de las acciones de esos tres clubes.

«Eran otros tiempo y otras circunstancias. Se consideró oportuno avalar y ahora la propia situación económica es distinta», justificaba el vicepresidente de la Generalitat valenciana, José Ciscar, al ser cuestionado sobre el riesgo que cometió durante su mandato (2003-2011) el ex presidente valenciano Francisco Camps avalando 118 millones de euros a Valencia, Hércules y Elche. Una imprudencia a la que ahora tiene que hacer frente su sucesor al frente del gobierno valenciano, Alberto Fabra, en una coyuntura bien distinta: recortes en sanidad, educación y otros servicios públicos que hacen poco digerible gastarse más de cien millones en tapar los agujeros de los clubes de fútbol.

El mayor problema lo representa el Valencia. La Fundación Valencia le debe 86 millones de euros a Bankia. Un préstamo que no podrá pagar y que está avalado por el IVF. El IVF tendrá que hacer frente al préstamo que avaló y eso supondría ser el dueño de las acciones de la Fundación, alrededor de un 75% del total de la entidad.

El problema se agrandó porque, una vez que el gobierno valenciano había avalado a un club, era muy difícil decirle que no al siguiente equipo de la región que viniera pidiendo lo mismo. Así, hace tres años, tras ascender a Primera, el Hércules pidió un préstamo de 18 millones a la CAM y de nuevo el IVF lo avaló. Tampoco el club alicantino ha podido hacer frente al montante del préstamo y la CAM, ahora Banco de Sabadell, ya ha ejecutado los avales. La Generalitat pasa a ser dueña del 65 % de las acciones de un Hércules que está en concurso de acreedores. Tampoco el Elche hará frente a los 14 millones que debe a la CAM por dos préstamos que por supuesto también avaló el IVF.

Además del problema de hacer frente a estos pagos en medio de una tremenda crisis económica, está el problema legal. Y es que si la Generalitat se hace con el control de las acciones, que ahora le pertenecen, de estos tres clubes incurriría en una ilegalidad. La ley de Sociedades Anónimas Deportivas prohibe controlar el 5% de más de una sociedad anónima deportiva en la misma competición. Elche y Hércules juegan en Segunda y ambos compiten también con el Valencia en la Copa del Rey.

El gobierno valenciano ya está buscando fórmulas para evitar estas incompatibilidades. Una de las posibilidades que baraja el equipo de gobierno dirigido por Alberto Fabra es dejar las acciones del Valencia donde están, en la Fundación, una entidad en la que el control está garantizado. Lo siguiente, según fuentes del gobierno valenciano consultadas por el diario Información, del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA, será negociar con Bankia el pago de esas cantidades y alargar el problema durante tres o cuatro años más.

«Podría pasar que el Elche estuviera ya ascendido y que le tocara jugar con un Hércules que se está jugando la permanencia. ¿Qué pasaría entonces?», se cuestiona Sabino López, consejero del Oviedo y coordinador del proceso de transformación de los clubes en sociedades anónimas. Para López es importante saber «¿qué les pidió la Generalitat a los clubes como garantía para avalarlos?». Lo que tiene muy claro este experto en gestión deportiva es de que «tendrán que buscar una solución y estudiar a fondo la situación» para evitar que la Comunidad Valenciana sea dueña de tres clubes de fútbol que compiten entre sí.