Oviedo, J. C.

La transformación societaria que ahora plantea el presidente de Clas y el sector oficial de sus ganaderos, con el respaldo del primer ejecutivo de Clas y Capsa, parte de una controversia soterrada sobre la situación legal de esta sociedad agraria de transformación y que afloró a fines de 2006 cuando se desveló el informe que la dirección de Clas había encomendado a Pedro de Silva y Álvaro Cuervo.

Según este diagnóstico, la situación jurídica de Clas es cuestionable. Y ello, se afirma en el informe, porque las sociedades agrarias de transformación (SAT) -actual personalidad de Clas- fueron una fórmula sólo transitoria para dar encaje legal a los grupos sindicales de colonización del franquismo (figura jurídica fundacional de Central Lechera Asturias), y porque en la SAT no pueden permanecer -se añade- socios no activos (en Clas hay 6.190). El informe indica que la situación legal también es anómala porque el 18% de los socios (los activos) tiene mayor poder político y mayores beneficios económicos que los pasivos, pese a que éstos son el 82,86%.

Con la división de Clas en dos sociedades, argumentan sus promotores, se resolverá un posible conflicto de intereses entre activos y pasivos. Los activos, que controlan la mayoría de Clas, pretenden garantizar, sobre todo, afirman los partidarios del cambio, un buen contrato para la leche, que sólo beneficia a los activos, mientras que la retribución del capital alcanza a activos y pasivos. El diseño deslinda ambos pagos: el precio de la leche irá a la SAT y el del capital, a la sociedad limitada.

Los defensores de la naturaleza cooperativa aseguran que no hay ilegalidad cuando Central Lechera Asturiana nació con tales características, ha vivido así 41 años y ninguno de los socios lo ha cuestionado nunca, y todas las decisiones, estatutos, derechos políticos y económicos han sido refrendados en estas cuatro décadas por las sucesivas juntas rectoras y asambleas de Central Lechera Asturiana y por sus compromisarios.