Oviedo / Madrid
Una parte relevante de las empresas que en Asturias se dedican al negocio del pan podría sufrir sanciones económicas si el expediente que tiene en marcha la Comisión Nacional de la Competencia determina que el sector incurrió en prácticas anómalas que condujeron a subidas conjuntas de precios. Según la propia Comisión, ése podría ser en su caso el impacto de la investigación abierta a la Asociación de Fabricantes de Pan del Principado, una de las organizaciones que, junto a otras de la industria alimentaria española, ha sido expedientada por supuestos pactos de precios u otros comportamientos irregulares análogos.
El citado colectivo de panaderos asturianos reiteró ayer, a través de su presidente, Francisco González, que en ningún caso la asociación planteó o incitó subidas coordinadas de los precios. Y González alegó que el único soporte de las indagaciones de competencia son unas declaraciones suyas a un periódico, en octubre del pasado año, en las que alertaba sobre el fuerte impacto en los negocios de la región del encarecimiento de la harina y del gasóleo. Negó también que la sede del colectivo, en Oviedo haya sido inspeccionada por investigadores de Competencia, como sí ocurrió con otras organizaciones expedientadas.
El mismo directivo afirmó que la investigación y sus posibles consecuencias implican a la asociación como tal y no a las empresas asociadas. Sin embargo, Competencia ofreció ayer una explicación discrepante. Fuentes del organismo que preside Luis Berenguer precisaron que, conforme a la jurisprudencia nacional y de la UE, «las acciones de las asociaciones de empresas se consideran acciones de sus asociados». Esto es, según esa misma explicación, en el supuesto de que la investigación confirmara la existencia de un comportamiento contrario a reglas, la Comisión podría actuar contra las más de cien panaderías integrantes de la organización asturiana.
La intervención sobre el gremio regional de los fabricantes de pan, paralela a la emprendida también contra otras organizaciones patronales españolas, es uno de los efectos de las actuaciones que, de oficio, abordó Competencia tras las subidas de precios de varios alimentos básicos (pan, leche, pollo, huevos...) a partir de mediados de 2007, encarecimientos que las empresas explicaron por el alza de las materias primas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Asturias fue en 2007 la segunda región donde más subió el pan, una media del 13,8 por ciento en un año.
La Comisión ha reconocido ahora que resulta improbable probar la existencia de «acuerdos explícitos» entre los productores o comercializadores de alimentos. Pero considera que ciertas «declaraciones y comunicaciones realizadas desde las asociaciones de empresarios del sector» pueden constituir en sí mismas vulneraciones de los preceptos de la ley de Defensa de Competencia, que prohíben (artículo 1) «todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia».
La Comisión tienen indicios, según su versión, de que la Asociación de Fabricantes de Pan del Principado incurrió en alguna de esas prácticas. El régimen de sanciones de Competencia prevé multas que pueden llegar a ser equivalentes, en los casos más graves, al 10 por ciento de la facturación anual de las empresas implicadas en irregularidades.
