Las cuatro patronales asturianas del sector del transporte de viajeros por carretera y la Consejería de Educación han roto las negociaciones que mantenían desde el pasado marzo para pactar el pliego de condiciones del concurso público mediante el que este año deberán adjudicarse de nuevo la totalidad de las 1.054 rutas de transporte escolar existentes en Asturias. Las patronales CAR, Asetra, Astra y Asvipymet aseguran que, «de persistir en su actitud, la Administración no está garantizado el transporte escolar», lo que abre la eventualidad de paros o medidas de presión no explicitadas por las fuentes empresariales consultadas. El posible conflicto se desencadenaría, en todo caso, en una fecha próxima si no se retoman los contactos.

La revisión de las tarifas vigentes es el principal, aunque no el único, escollo. Las actuales tarifas, con sus actualizaciones anuales con el IPC de cada año, datan de 2004. Las compañías aseguran que la oferta del Gobierno (un incremento del 6,2% sobre los importes de 2007) es inasumible a causa del acusado encarecimiento del gasóleo en los últimos cuatro años, los altos niveles salariales del sector en Asturias en comparación con otras comunidades, el llamado «céntimo sanitario», que grava en algunas regiones (caso de Asturias) los combustibles, y las crecientes exigencias legales (tiempos de descanso y de conducción, etcétera), todo lo cual ha supuesto, según las empresas, sobrecostes muy elevados para las compañías respecto a la situación de 2004. Aseguran, además, que las tarifas actualmente vigentes en Asturias son «muy inferiores» a las que existen en Galicia, Cantabria y País Vasco.

Las cuatro patronales asturianas del sector plantearon a la Consejería de Educación una propuesta de tarifas consistente en 125 euros por vehículo, ruta y día para dos recorridos para servicios de una a diez plazas, de 190 euros para los de 11 a 25 plazas y de 240 euros para los de 26 a 55 plazas. Se añadiría un incremento del 20% en caso de que se hagan cuatro recorridos diarios en vez de dos por ruta, y aumentos del 25% para itinerarios de difícil combinación y del mismo importe en caso de vehículos adaptados.

Las patronales aseveran que con esta propuesta se lograría enjugar la acusada elevación de los costes de explotación que se produjo desde el último concurso (hace cuatro años), equiparar las condiciones económicas a las de otras comunidades cercanas y racionalizar las tarifas con un criterio homogéneo que permita superar la actual dispersión, con condiciones económicas muy heterogéneas.

La Consejería de Educación, consultada sobre el bloqueo de la negociación, no hizo ayer comentarios sobre el particular. Las empresas aseguran que el Ejecutivo ha atribuido a la prórroga presupuestaria la imposibilidad de mejorar las tarifas por encima del 6,2% que ha ofrecido.

Las patronales de autocares han expresado también su malestar por la creciente adjudicación de rutas a taxis, que, con menores costes y con menores exigencias de seguridad que los buses (no se les imponen tacógrafo, limitador de velocidad, acompañante para los niños, etcétera), no concurren, afirman, «en igualdad de condiciones». En la actualidad, según las compañías de buses, los taxis cubren ya una cuarta parte de las rutas escolares.

CAR, Astra, Asvipymet y Asetra proponen también ampliar los plazos de adjudicación. En la actualidad las adjudicaciones se hacen por dos años, prorrogables por otros dos. Las patronales sugieren que el nuevo concurso (que debe estar resuelto antes de septiembre) se haga por cuatro años prorrogables por otros cuatro para dar estabilidad al sector y permitir un horizonte de amortización que favorezca las inversiones en mejoras de la calidad. También demandan que en el concurso pese más la calidad del servicio que la oferta económica.

Tarifas

Las patronales reclaman que se compense el alza de costes. El Gobierno dice que está constreñido por la prórroga presupuestaria y ofrece un aumento del 6,2%.

Competencia de taxis

Los buses dicen que no hay igualdad de trato porque a los taxis no se les imponen las mismas exigencias.

Duración y valoración

Las patronales piden mayor plazo de concesión para mejorar la calidad y que se prime ésta sobre la oferta económica.