J. L. S. / L. G.
Oviedo / Langreo,
El próximo año se cumplirán veinte desde que comenzó a tramitarse la línea eléctrica Soto de Ribera-Penagos y en este tiempo la «autopista energética» de 400 kilovoltios para unir Asturias y Cantabria se ha convertido, junto a la también asturiana Sama-Velilla, en el proyecto nacional de alta tensión que más retrasos y contenciosos legales ha sumado. Una situación sólo comparable a la que también arrastra la interconexión entre España y Francia. Y la reciente sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJA) invalida la tramitación del tendido no cerrará ese periplo judicial. La activa oposición cántabra a Soto-Penagos mantiene vivo otro pleito administrativo y una denuncia penal.
La Asociación Cántabra de Afectados por la Alta Tensión (ACAAT) ha aplaudido la última resolución judicial, que anula la autorización concedida en 2000 por el Consejo de Ministros debido a que no existió previamente un estudio de impacto ambiental. La legislación de entonces, según la argumentación jurídica de Red Eléctrica de España (REE), no lo exigía y la compañía que preside el ex ministro socialista Luis Atienza ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo y que mantiene su propósito de iniciar las obras a corto plazo.
En el Supremo ya está otro pleito que la citada asociación ACAAT inició a finales del pasado año. Emilio Martínez, portavoz del colectivo cántabro, explicó que ese contencioso va contra la resolución del Consejo de Ministros que el pasado año dio luz verde a las ocho variantes del trazado que REE había impulsado ante la oposición de vecinos y ayuntamientos a la propuesta original. Entre otras consideraciones, la oposición cántabra a la línea parte de exigir que todo el llamado nuevo «Eje Norte» de la red española de alta tensión, formado por las conexiones entre Asturias, Cantabria y País Vasco, sea considerado un solo proyecto y que como tal sea tramitado.
ACAAT, añadió Emilio Martínez, ha promovido también una denuncia ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para que se investiguen supuestas responsabilidades penales en la obra, ya en ejecución, de la subestación de Penagos, una de las infraestructuras clave de la línea. «Si encontramos un resquicio legal, exigiremos también que se desmantele todo lo que ya se construyó», añadió Martínez en alusión a las torres que, sobre todo dentro de Asturias, se instalaron antes de que en 2002 las obras de Soto-Penagos fueran paralizadas.
De la construcción de la línea, concebida para evacuar la producción eléctrica asturiana, dependen en parte las numerosas inversiones en nuevas centrales de generación que Asturias tiene en marcha. Lo remarcó ayer José Ángel Fernández Villa, secretario general del SOMA: «La sentencia tiene una influencia negativa para el desarrollo energético y pone en entredicho proyectos industriales muy importantes». Villa demandó «un impulso rápido» para Soto-Penagos «dentro del máximo respeto medioambiental».
Los líderes sindicales de UGT y CC OO en Asturias, Justo Rodríguez Braga y Antonio Pino, respectivamente, también lamentaron ayer que «un error administrativo de forma» pueda bloquear la línea eléctrica. El ugetista Rodríguez Braga responsabilizó al Gobierno y a REE. «No vale culpar a los jueces», dijo. Antonio Pino, secretario general de CC OO en la región, emplazó a la empresa y a las administraciones implicadas a tomar medidas para evitar que el proyecto se pare.
