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La falta de un permiso ambiental deja fuera de la ley a parte de la industria asturiana

La tramitación de la nueva autorización desborda al Principado y empresas como Arcelor no la reciben a tiempo
Las térmicas obtuvieron la licencia in extremis, ante el riesgo de que las eléctricas paralizasen la producción

 

Oviedo / Avilés, S. F. / L. G.

Una parte de la industria española, incluidas varias instalaciones asturianas, está desde el pasado 30 de abril al margen de lo que ordena la ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, normativa que, por mandato de Bruselas, obliga en el caso de Asturias a que 68 complejos industriales pasen un examen ambiental y obtengan una autorización específica sin la cual no deberían funcionar. Pero el proceso ha dado problemas dentro y fuera del Principado. Las dificultades de la Administración regional para desarrollar el trabajo necesario y en algunos casos las de las empresas para atender los requerimientos de la ley han impedido, según las informaciones recabadas ayer, que todas las compañías implicadas hayan obtenido la denominada «autorización ambiental integrada» en el plazo fijado. Sobre el papel, esas actividades tenían que haber cesado desde el pasado jueves, aunque en realidad no haya ocurrido así.


La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural tiene las competencias para emitir las autorizaciones, permisos complejos cuyas tramitaciones se han dilatado en bastantes casos durante más de un año. Ayer, el departamento que dirige la consejera Belén Fernández no precisó en qué situación ha llegado Asturias al límite del plazo que marcó el Gobierno central y cuántas autorizaciones se han concedido de manera efectiva. Hace ocho meses, cuando el Gobierno central concedió a las autonomías la última moratoria para hacer cumplir las instrucciones de Bruselas, en Asturias no se había completado la tramitación de ninguna de las industrias obligadas: centrales térmicas, empresas del metal, agroalimentarias, químicas y otras.


La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies denunció ayer que, cumplido el plazo, una parte relevante de las empresas carece de un permiso que en algunos supuestos implica realizar reformas para reducir los impactos ambientales y que en todos impone la obligación de aplicar «las mejores técnicas posibles», la tecnologías más eficientes para paliar las emisiones contaminantes.


Las fuentes empresariales consultadas confirmaron que en Asturias, superado el plazo del 30 de abril, se dan situaciones variopintas. Existen empresas que carecen de la autorización y que por tanto funcionarían de manera irregular. Las instalaciones siderúrgicas de Arcelor-Mittal están entre ellas.


Otros grandes complejos recibieron notificación de la autorización integrada ambiental in extremis, por fax y el mismo día 30 de abril. Así ocurrió con las plantas de Asturiana de Zinc, en San Juan de Nieva y Arnao. La aluminera Alcoa, con factoría en Avilés, fue la primera industria de la lista asturiana sujeta a la nueva disciplina ambiental que consiguió el permiso. Fue hace dos meses.


El caso del sector eléctrico ha tenido eco nacional. Los retrasos en las autorizaciones para las térmicas de carbón y otras centrales de generación llevaron a la patronal del kilovatio, Unesa, a advertir al Gobierno de que a partir del 30 de abril podría encontrarse con un número importante de instalaciones energéticas fuera de servicio y, por tanto, con dificultades severas para cubrir la demanda. Según las fuentes consultadas, Madrid presionó a las comunidades autónomas y las tramitaciones ganaron velocidad. En los días previos al final del plazo, las térmicas españolas, incluidas las de Asturias, recibieron la autorización ambiental. Medios del sector eléctrico precisaron que en el Principado la térmica de Iberdrola en Lada (Langreo) estuvo cerca de quedar fuera de servicio.


Empresas de distintos sectores consultadas transmitieron ayer que cumplieron su parte y presentaron en la forma exigida la documentación necesaria para obtener la autorización ambiental. Y asociaron los retrasos a que el complejo procedimiento técnico y administrativo ha desbordado la capacidad de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.


La tramitación de los permisos ha requerido procesos de información pública y alegaciones, participación de los ayuntamientos y audiencia a interesados. Los ecologistas denuncian que la Administración asturiana se ha saltado pasos del procedimiento. «Resulta evidente que una vez más va a convertir la ley en un coladero porque ha pretendido resolver la la mayoría de las autorizaciones a última hora saltándose el trámite de audiencia que es obligatorio, lo que puede generar inseguridad jurídica en las autorizaciones ambientales en las empresas que se pueden ver abocadas a paralizar su actividad ante cualquier revés judicial», remarcó ayer la coordinadora que lidera Fructuoso Pontigo.

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