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La gestión del parque atómico español 

«El país no puede prescindir de la energía atómica», dicen los técnicos asturianos

 
Aquilino Rodríguez Cases.
Aquilino Rodríguez Cases. 
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«Este negocio es muy complicado». José María Bernaldo de Quirós, ingeniero químico nacido en Oviedo, lleva veinticinco años en Almaraz, otra de las grandes centrales del parque nuclear español. Su comentario viene a resumir las singularidades de una actividad sujeta a estrictos protocolos de seguridad, a una investigación permanente sobre su funcionamiento y expuesta también al juicio continuado de la opinión pública. Los españoles, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) elaborada en las semanas previas a las últimas elecciones generales, tienen mayoritariamente una opinión contraria a la energía nuclear, aunque las centrales existentes cubren el 20 por ciento de la demanda eléctrica nacional y aunque otra parte de los kilovatios que consume el país, los que se importan de Francia, también tiene origen atómico.


«España depende en un 80 por ciento de fuentes energéticas que no posee; no estamos en posición de prescindir de ninguna tecnología», opina Bernaldo de Quirós. La suma de los dos reactores de Almaraz ha generado desde principios de los años ochenta del pasado siglo más de 350.000 gigavatios, «el equivalente a año y medio del consumo eléctrico de España», destaca el ingeniero.


Las reservas de los españoles ante las centrales, pero también la relevancia de la fisión atómica en la dieta eléctrica del país, asoman entre líneas de las políticas energéticas de los grandes partidos. El PSOE ha prometido, sin precisar calendario, una «reducción paulatina» de un conjunto de instalaciones cuya promoción comenzó bajó el franquismo y que cogió aire después de los años setenta a raíz de la primera gran crisis del petróleo. El PP, en otras ocasiones más vehemente en la defensa de la opción nuclear, también mide sus propuestas. Los planes energéticos de José María Aznar no pasaron de esbozar la posibilidad de perpetuar la potencia nuclear actual reponiendo la que se agote por el final de su vida útil con nuevos reactores. Se omitió la alternativa, que defendían sectores más pronucleares del PP, de levantar la moratoria que veta la promoción de nuevos complejos desde 1984, con el primer Gobierno de Felipe González.


«España debe abandonar la hipótesis de prescindir de esta energía; más con lo que está ocurriendo con el petróleo; el combustible nuclear es barato y no está sometido a esas fluctuaciones». El físico Pablo Díez González, formado entre Asturias y Madrid y director de Zorita, apela en defensa de la electricidad nuclear a cuestiones de garantía de suministro. Y responde al problema de los residuos: «Los riesgos son mínimos y se están investigando formas para su reutilización». La fisión no produce CO2, pero sí desechos que ahora se confinan y cuya eliminación completa es ahora técnicamente inviable.


Zorita, la más pequeña y antigua de las nucleares españolas, cesó su producción en 2006. Pablo Díez, que aunque nacido en Oviedo se siente de La Frecha (Lena), pilota el complejo proceso de cierre. «Estamos trabajando en la descontaminación de los elementos principales». A partir de 2009, la central pasará a manos de Enresa (empresa pública responsable de la gestión de los residuos radioactivos) y, una vez completado el programa de desmantelamiento, hacia 2015, Unión Fenosa dispondrá de los terrenos.


«Cuando se habla de los residuos, no debe perderse de vista que un año de producción nuclear genera unos quinientos kilos al mismo tiempo que en España se producen cinco mil millones de toneladas de basura», apunta José María Bernaldo de Quirós desde Almaraz. Al igual que el gijonés e ingeniero de minas Aquilino Rodríguez Cases, director de Trillo, Bernaldo de Quirós (50 años) está ocupado estas últimas semanas en el proceso de recarga de uno de los reactores de Almaraz. La recarga consiste en la sustitución del combustible (uranio), se realiza una vez cada año y medio y obliga a paralizar la producción durante un mes en el que la central es sometida a otras revisiones. Unas 1.900 personas trabajan estos días en Almaraz, donde la plantilla es normalmente de 900.


Ayer, la central situada a cien kilómetros de Cáceres notificó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un incidente ocurrido durante la recarga del reactor número uno. «Hemos tenido incidencias en estos años, pero en ningún caso se produjeron daños ni hubo riesgo para las personas o el medio ambiente», aseguró días atrás, en conversación con este diario, José María Bernaldo de Quirós. Y remarcó cómo el trabajo en una central sigue «estrictos protocolos de seguridad» cuyo cumplimiento es además vigilado de forma permanente por equipos multidisciplinares del CSN. «Tenemos dos inspectores residentes y más de treinta intervienen en las revisiones periódicas».


Poco que ver, da entender el técnico ovetense, con la imagen que a menudo se traslada de un negocio obligado asimismo por un código de información y transparencia que, protestan con frecuencia los ecologistas, no se cumple siempre con el rigor debido. Lo niegan los profesionales del sector. «Cualquier cosa que pasa en una central, por leve que sea, tiene un enorme eco», alegan los asturianos que están al mando de la energía nuclear española.

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