Madrid
El Juzgado de instrucción número 47 de Madrid ha llamado a declarar al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y al ex ministro de Economía y ex gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato como imputados de supuestos delitos por la compra por parte de Banesto en 1999, por 6 millones de euros, del 45,3% que la familia Rato poseía en el capital de la compañía asturiana Aguas de Fuensanta. En aquel momento, Rodrigo Rato era vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía. Desde el pasado enero Rato es consejero internacional del Santander, grupo bancario propietario de Banesto.
En dos providencias, el juez José Sierra ha citado como imputadas a otras quince personas, entre las que figuran el consejero delegado del Santander y ex presidente de Banesto Alfredo Sáenz; el hermano de Botín, Jaime Botín, y los consejeros de Banesto cuando se produjo la compra de Fuensanta, así como el hermano del ex ministro de Economía Ramón Rato.
Emilio Botín, Alfredo Sáenz y Jaime Botín han sido citados para el jueves y Rodrigo Rato deberá declarar el día 27, tras levantarse, a raíz de su dimisión como director gerente del FMI, la inmunidad que hasta entonces le protegía.
Todos los imputados están acusados en la querella (presentada en 2004 por el abogado Francisco Franco Otegui y ampliada en 2005 por el abogado y accionista del Banco Santander y de Banesto Antonio Panea Yesta) de supuestos delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil, negativa a socio del derecho de información y cohecho por compraventa del 45,3% de Fuensanta, por la que Banesto pagó unos 6 millones de euros a la familia Rato.
Según los querellantes, la transacción tenía el supuesto objetivo de «ganarse el favor de Rodrigo Rato», entonces ministro de Economía, dado que el precio que se pagó fue desorbitado para una sociedad que estaba entonces, se afirma, en «quiebra técnica». El precio pagado «equivale a valorar el cien por ciento de Fuensanta en 2.207,5 millones de pesetas», cuando, según los querellantes, «la sociedad en 1998 registraba deudas por 1.571,6 millones de pesetas, cantidad que superaba con creces los fondos propios, fijados entonces en 1.153,4 millones». Añaden que «si en 1998 el beneficio neto de la empresa fue de 20,35 millones de pesetas», una valoración de la sociedad en 2.207,5 millones implicaría que «Banesto tardaría 108 años en recuperar la importante cantidad invertida en Aguas de Fuensanta».
Agregan que la actual presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín, justificó la operación para poder liquidar los créditos que la familia Rato mantenía con Banesto, que de otro modo «hubieran sido difíciles de cobrar».
