Oviedo

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando Salinas, advirtió ayer en Oviedo de que en el ámbito judicial existe «una descoordinación muy importante» en relación a la siniestralidad laboral que provoca que los trabajadores carezcan de «una tutela judicial efectiva».

Salinas participó en la capital del Principado en la inauguración del curso «Determinación de la autoría en el ámbito de los delitos de siniestralidad laboral», organizado por el Foro de Formación y Estudios del Poder Judicial sobre Protección de los Trabajadores y Riesgos Profesionales.

Para el vicepresidente del CGPJ, en esta legislatura existe «un reto para poder unificar» la intervención en los accidentes de trabajo de las cuatro jurisdicciones, la civil, la penal, la contenciosa y la social, con el fin de intentar evitar la «inseguridad jurídica» que provocan sentencias contradictorias y dilaciones. Salinas subrayó que ahora hay que poner en marcha una ley integral sobre la siniestralidad laboral en la que ya están de acuerdo los sindicatos, la patronal y los gobiernos central y autonómicos. «Es el momento de exigir que esta ley integral unifique las medidas de educación y formación, y la interrelación entre diferentes organismos como la Fiscalía y la Inspección de Trabajo, y que se implante un único orden jurisdiccional, el social, para dar respuesta unitaria, rápida y eficaz, a las víctimas salvo para la materia penal que debe de mantenerse en su propia jurisdicción», precisó.

En este acto también intervinieron el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces; la consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos; la vocal del CGPJ y directora del curso, María Ángeles García, y el fiscal superior del Principado de Asturias, Gerardo Herrero. Una veintena de jueces y magistrados de lo penal de toda España participan en este curso, que cuenta con dieciocho ponentes invitados.

Fernando Salinas también se refirió a los problemas de la Justicia en España El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apostó por una «profunda reforma» de la Administración de Justicia y destacó que ésta tiene que pasar por darle mayor protagonismo a las comunidades autónomas y al CGPJ, en detrimento del Ministerio de Justicia. «Actualmente, en España existe una descoordinación total porque cada profesional de la justicia obedece a diferentes órganos», apuntó el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y añadió que «el Ministerio de Justicia debería transferir todas las competencias a las comunidades autónomas cuanto antes».

Fernando Salinas destacó que actualmente la Administración de Justicia en España está funcionando «por métodos tradicionales» y es necesario, apuntó, abordar «sin causar una alarma social» un gran cambio dentro de las Justicia.

Respecto al informe del órgano de gobierno de los jueces en el que cifra en 269.450 las sentencias de lo penal que están pendientes de ser aplicadas en España, Salinas señaló que el informe no se ha especificado con claridad, ya que «existen 400.000 ejecuciones que están en trámite y no metidas en un armario».