Oviedo, E. L.

El precio de la vivienda protegida en Asturias se incrementó en un 8,4 por ciento en los últimos doce meses, según los datos oficiales del Ministerio de Vivienda. Estas cifras revelan que si finalmente sale adelante la demanda que los promotores inmobiliarios hacen al Principado para aumentar un 15 por ciento los importes máximos que pueden cobrar (y así aliviar la desaceleración en las ventas de viviendas libre) el precio de los pisos protegidos en Asturias acusaría una subida real cercana al 20 por ciento en sólo un año.

Los promotores de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC) ultiman la negociación con el Gobierno regional de un incremento de los precios que pueden cobrar legalmente por las viviendas protegidas. Su propuesta es llegar al 15 por ciento de subida con dos argumentos: primero, los costes de edificación también han subido y, segundo, la vivienda protegida es la alternativa para mantener la actividad del sector inmobiliario una vez que declinan las promociones de carácter libre.

En términos absolutos, y según los datos del Ministerio de Vivienda, esta propuesta situará el precio del metro cuadrado de vivienda protegida en 1.223 euros, frente a los 1.021 que costaba en el primer trimestre de pasado año 2007.

Las negociaciones entre los representantes de los promotores y el Gobierno regional están muy avanzadas. Esta subida del Principado, que comparte competencias con el Gobierno central, tendría a sumarse al incremento permitido ya por el Ministerio de Vivienda y que supone un aumento del 4,12 por ciento.

Las pretensiones de los representantes del sector promotor asturiano ya han desatado reacciones políticas. Izquierda Unida está planteándose interpelar en la Junta General del Principado al consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González Buendía. Aurelio Martín, diputado de la coalición, califica de «barbaridad que «para saldar la crisis de uno de los sectores que ganaron más dinero ahora tengamos que cobrar más al ciudadano por las viviendas protegidas. Y no nos olvidemos que son los mismos ciudadanos que han tenido que soportar subidas el euribor de dos puntos, lo que supone una media de 150 euros más al mes en la hipoteca que están pagando».

Sobre la demanda de los promotores de compensar el aumento de costes y conseguir un margen comercial razonable, Aurelio Martín apuntó que «los márgenes de beneficio que el promotor/constructor tiene en la vivienda de protección autonómica son del 25 por ciento y, pese a lo que ellos argumentan, los costes del código técnico de la edificación apenas suponen un incremento del dos o el tres por ciento».

Madrid, E. P.

La recuperación económica que pronostica el Gobierno parece que irá más lenta de lo previsto. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, afirma que la desaceleración del sector de la construcción y de aquellos servicios ligados al mismo provocarán que se siga perdiendo empleo en España en los próximos meses. Tras hacerse público que el ritmo de avance de las afiliaciones a la Seguridad Social es el menor desde 1996, el Ministro ha pronosticado que los datos del paro «en el futuro no serán halagüeños».

Corbacho, en declaraciones a Onda Cero, admitió que su llegada al Ministerio de Trabajo no ha coincidido con el mejor momento económico, pero subrayó que, aunque se está generando paro en la construcción y en los servicios vinculados a este sector, las altas a la Seguridad Social siguen creciendo, aunque a un ritmo menor.

En cualquier caso, explicó que, si las turbulencias que viven los mercados internacionales empiezan a remitir, mejorará la situación de la economía española, algo que podría comenzar a suceder «a un año vista». Ante la situación económica y del em-pleo, Corbacho señaló que las prioridades deben centrarse en cómo dar alternativas y recolocar al máximo número de personas que pierdan su empleo en la construcción y en las ramas afines a este sector. En el apartado de inmigración y más concretamente sobre la adopción de medidas más restrictivas, Celestino Corbacho afirmó que, si el objetivo es que la inmigración sea regular y legal, «parece razonable que se vaya en la dirección de ampliar los plazos establecidos».

«O se controlan las fronteras desde una política europea o, si no, hacerlo desde cada uno de los países cada vez es más complejo. Si queremos acabar con la inmigración ilegal, tendremos que hacerlo en dos direcciones: con políticas claras y con políticas más globales dentro del marco de la Unión Europea», explicó el titular del Ministerio de Trabajo.