Madrid, Efe

El ex ministro de Economía y ex director gerente de Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, negó ayer que el Grupo Santander hubiera hecho un «favor económico» a su familia al comprar el 45,3% de Aguas de Fuensanta en 1999, ya que el precio pagado fue la mitad que el de mercado, dijo, y la operación trató de evitar una ejecución judicial nociva para ambas partes.

En su declaración como imputado ante el Juzgado número 47 de Madrid, que investiga la operación, Rodrigo Rato y su hermano, Ramón, reconocieron que su familia atravesaba por dificultades económicas a finales de los años 1990, lo que les impedía pagar unos créditos a Banesto.

Según fuentes jurídicas, los hermanos explicaron que, ante la imposibilidad de que su familia hiciera frente a sus obligaciones, Banesto aceptó hacerse con el 35% de Aguas de Fuensanta puesto como garantía del pago del préstamo y el 10% restante, que estaba en manos de otra sociedad familiar, a través de una compra-venta que permitiera pagar los créditos y evitara una ejecución de garantías que hubiera podido dilatarse, perjudicando a las partes.

El impago de créditos suele conllevar que el banco emprenda acciones judiciales para quedarse con el activo que garantiza el pago del préstamo. En este caso, Banesto pagó en 1999 unos 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros), un precio considerado desorbitado por los querellantes, que sostienen que la sociedad estaba en «quiebra técnica» y que esa operación se realizó para ganarse el favor político de Rodrigo Rato para que paralizara el caso de las cesiones de crédito por las que era investigado el Banco Santander, dueño de Banesto. Rodrigo Rato sostuvo que el precio pagado por Banesto era muy inferior a las ofertas que les hicieron entre 1997 y 1999 y que valoraban la empresa por el doble de lo que pagó Banesto.

La defensa de Rato presentó un escrito firmado por la entonces secretaria de Estado de Justicia en el último Gobierno de Felipe González y hoy vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ordenando al abogado del Estado no emprender acciones penales contra el Santander por el caso de las cesiones de crédito como prueba de que Rato no dio trato de favor a Botín.