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Madrid / Oviedo
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, adelantó ayer algunas de las líneas maestras de las dos medidas que el Consejo de Ministros aprobará el viernes para hacer frente a escala nacional a la crisis financiera: un fuerte aumento de la protección para los ahorradores, que podrán recuperar hasta un máximo de 100.000 euros por titular y entidad en caso de quiebra, y la creación de un fondo de 30.000 millones, ampliable a 50.000, para prestar a bancos y cajas que tengan dificultades de liquidez. Medidas para encarar dos de los frentes de la crisis: el riesgo por la pendiente de desconfianza en el sistema y el derivado de los problemas que las entidades tienen para conseguir efectivo en el mercado interbancario. El líder del PP, Mariano Rajoy, apoyó ayer «sin condiciones» la mejora del fondo de garantía, pero dijo que «habrá que hablar» acerca de la línea de respaldo a la banca.
Zapatero anunció en primer lugar que se elevará la garantía de los ahorros hasta los 100.000 euros por titular y entidad. Hasta ahora el tope estaba en 20.000 euros, que es a su vez el mínimo que determina la normativa de la Unión Europea. El Presidente lo anunció después de que los veintisiete países de la UE aprobaran, a propuesta de la Comisión Europea, elevar a 50.000 euros la garantía obligatoria para todos los países. Varios de ellos -Portugal, Alemania, Suecia, Austria, Dinamarca, Grecia o Irlanda- han fijado por su cuenta protecciones sin límite de los ahorradores. España se suma a quienes, como también Gran Bretaña, amplían las garantías. La nueva de los 100.000 euros viene a blindar de hecho a la gran mayoría de los ahorradores españoles.
«Los bancos y cajas españolas han evidenciado su solvencia y su solidez, fruto de una línea de comportamiento profesional, prudente y eficaz mantenida bajo la supervisión y apoyo del Banco de España», resaltó Zapatero y subrayó que fortalecer el Fondo de Garantía de Depósitos «es una medida de confianza en nuestras entidades financieras». «Con ella, los ciudadanos pueden confiar en la garantía de sus ahorros, que están permanentemente a salvo. Si hay algún sitio en donde están a salvo es en las entidades españolas», proclamó. El Presidente dejó sin precisar la cuestión de cómo se reforzará el citado fondo. Esto es, si se hará mediante un aumento de las aportaciones obligatorios que ya realizan las entidades financieras. Fuentes gubernamentales precisaron después que no se aumentarán tales aportaciones, que será el Estado quien «respondería si hiciera falta». Bancos como el Santander y el BBVA expresaron anoche su respaldo a las medidas del Ejecutivo.
El Gobierno volvió ayer sobre el discurso de que el sistema financiero español es robusto, que está demostrando mayor solvencia que otros ante la crisis global que llega de EE UU. Zapatero subrayó que el Ejecutivo optó por esperar a presentar sus medidas al resultado de la cumbre de ministros de finanzas de la UE, celebrada ayer, porque, entre otras razones, España no tenía la urgencia de otros países que ya han maniobrado al margen de la Unión para proteger a sus ahorradores. España, insistió Zapatero, apostaba también por que Europa articulara un discurso común y respuestas unitarias ante la crisis.
La segunda gran medida que aplicará España, uno de los contados países del euro donde aún no han trascendido problemas en sus entidades financieras, también supone ir más allá que otros en la estrategia frente a la crisis de liquidez.
Zapatero anunció la creación de un fondo, «con cargo al Tesoro» y para «apoyar» la financiación del sistema financiero, de 30.000 millones «ampliable hasta los 50.000 millones». Dicho fondo, que servirá para «garantizar que la financiación llegue a las empresas y a los ciudadanos», se dedicará a comprar activos «de máxima calidad». En otras palabras, un banco que tenga dificultades para obtener dinero líquido por otras vías podrá pedir prestado al fondo estatal a cambio de la cesión de activos -créditos, inversiones...- que tenga el banco, siempre que sean de bajo riesgo y que, por tanto, comprometan lo menos posible al Estado. El Gobierno pondrá en marcha mecanismos de control para garantizar que la financiación concedida se destina a actividades económicas. Esta operación supondrá una mayor emisión de deuda por parte del Tesoro Público, que podría alcanzar el 41 por ciento del PIB en el caso de que la dotación del fondo llegue hasta los 50.000 euros.
Es una «medida preventiva» que, quiso enfatizar Zapatero, viene a estar en las antípodas de la aplicada por EE UU, la compra de los «activos tóxicos» (viciados por las prácticas de alto riesgo) para sanear los balances de los bancos. «A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, esto no es una iniciativa para sanear ni rescatar, sino para prevenir, sostener la actividad productiva y de crédito y que las empresas y los ciudadanos sigan financiándose». Una medida temporal, con vigencia «hasta que los mercados vuelvan a funcionar normalmente», y que pone el acento en uno de los grandes problemas que encara la banca y que ya afecta a la concesión de préstamos a empresas y particulares: el «cerrojazo» del mercado interbancario, donde los bancos se prestan dinero unos a otros.
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