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El Gobierno, en el foco de la polémica por las negociaciones de Sacyr sobre Repsol, guardó ayer las distancias con la operación de la constructora para desprenderse de Itínere. La venta de la concesionaria de autopistas a Citi es una operación «entre el sector privado», señaló el ministro de Economía, Pedro Solbes. Y recalcó: «Lo que el sector privado haya decidido nos parece bien».
Distancia que también quiso poner el Gobierno del Principado. «Este Gobierno es respetuoso con todas las decisiones empresariales que se adopten libremente por cada una de las partes», señaló Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Ejecutivo. Migoya precisó también que «aún es muy prematuro» valorar cómo puede afectar el cambio de propiedad de Aucalsa a un posible intento de rescatar el peaje astur-leonés, compromiso electoral del PSOE desde 2004, al que siguió no una negociación para liberar los pagos por completo, sino dos reformas que abarataron los precios: una para los transportistas profesionales y otra para los conductores que usan con más frecuencia la doble calzada.
La autopista del Huerna ingresó más 40.000.000 de euros en 2007 y este año ha incrementado sus ingresos a pesar de que el aumento de los tráficos se ha desacelerado. La intensidad media diaria de circulación supera los 10.000 vehículos. Sacyr divulgó ayer una nota para subrayar que el cambio de titularidad de las acciones de Itínere «no supondrá ninguna variación» en las tarifas del Huerna, cuyas modificaciones dependen del Ministerio de Fomento. El grupo de Luis del Rivero añadió su propósito de «seguir invirtiendo en Asturias» a través del resto de sus negocios.
La plantilla de Aucalsa se ha tomado el cambio sin sobresaltos, indicaron fuentes sindicales. Los cambios en la dirección de la firma no les afectan. Al menos así lo aseguró Juan Carlos González Barreras, presidente del comité de empresa, que señaló que, «al igual que ocurrió en otras ocasiones, la venta de Aucalsa, conllevará modificaciones entre los directivos. En principio, a nosotros no tiene que afectarnos en nada». La asturiana Rosa Aza preside el consejo de administración de Aucalsa.
La compañía estuvo recientemente al borde de un conflicto laboral. La cercana eliminación del peaje de Campomanes conlleva la desaparición de diez puestos de trabajo. La plantilla llegó a amenazar con convocar una huelga, pero alcanzó finalmente un acuerdo para resolver la situación de los trabajadores afectados.
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