Los usuarios asturianos piden retrasar la liberalización de la luz para estudiar precios

Oviedo, José Luis SALINAS


La Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias (Cavastur) exigió ayer que se retrase le entrada en vigor de la liberalización del mercado eléctrico, prevista para el próximo miércoles, para conocer mejor el proyecto, así como los precios que se incluirán dentro de la denominada tarifa de último recurso (TUR). Este nuevo régimen tarifario estará fijado por los precios que marque el Ministerio de Industria e irá dirigida a aquellos hogares con una potencia contratada de menos de 10 kilovatios que decidan no acogerse a ninguna de las ofertas que están realizando las comercializadoras eléctricas. A pesar de que queda menos de una semana para que estas medidas entren en funcionamiento el Gobierno central aún no ha definido los precios de la tarifa de último recurso.


El presidente de la confederación de vecinos de Asturias, Vicente Gutiérrez Solís, pidió también a los usuarios que no firmen ningún contrato con las compañías eléctricas hasta que no se conozcan de forma definitiva los precios. Cavastur tiene previsto realizar mañana una manifestación frente a la sede de la Delegación del Gobierno de Oviedo en protesta por la falta de información sobre el futuro sistema de facturas eléctricas. La cita será a partir de las doce de la mañana. Esta manifestación se desarrollará también de forma simultánea en otros puntos del país, ya que ha sido convocada por la Federación nacional de vecinos de España.


El presidente de la patronal eléctrica Unesa, Pedro Rivero, señaló ayer que la factura de la luz «no tiene por qué subir en cifras sustanciales a partir del miércoles». Y explicó que la tarifa de último recurso vendrá determinada por la suma de los peajes de acceso y el resultado de la subasta para la adquisición de la energía para el suministro a tarifa que se celebrará hoy. Sobre si no habría sido necesario conocer con anterioridad el precio de las tarifas vigentes a partir del próximo mes, Rivero señaló que «es mejor tarde que nunca» y que lo importante es poner en marcha la liberalización del sistema. Un proceso que, a su juicio, no tiene que trasladarse a precios más altos de la electricidad, sino a precios reales.


La Asociación asturiana de vecinos asegura que ha tratado de ponerse en contacto en varias ocasiones con el Ministerio de Industria para reclamarle información sobre el futuro del sector eléctrico «sin ningún éxito», según resaltó José Sariego, vicepresidente de la agrupación.


¿Qué ocurrirá a partir del miércoles? Desde ese día el mercado del kilovatio se abre de forma definitiva. Las empresas podrán pugnar con sus ofertas por persuadir a los clientes. Se termina también la tarifa vigente que regula el Gobierno y que durante la última década ha estado en bastantes momentos por debajo del coste de la electricidad, una situación que produjo que se avivara la inflación y engrosó una fortísima deuda, el denominado déficit tarifario que, según los últimos cálculos, alcanza los 14.000 millones de euros. El 1 de julio se acaba esta forma de regular el recibo de la luz y se abren para el consumidor varias posibilidades: contratar la luz en el mercado libre, acogerse a la tarifa de último recurso si se tiene menos de 10 kilovatios contratados, o si se encaja en el perfil (tener menos de 3 kilovatios contratados, ser familia numerosa, ser pensionista con una renta mínima o que todos los miembros de la unidad familiar estén en el paro) beneficiarse del denominado «bono social» en el que se establece una rebaja que trata de evitar que las futuras subidas de la luz penalicen a los españoles con rentas más bajas.


«Tenemos serias dudas de que el nuevo sistema eléctrico sea transparente y sostenible», sostiene Vicente Gutiérrez Solís. La Confederación de Vecinos de Asturias tiene previsto también llevar sus reclamaciones ante el Defensor del Pueblo, y presentar una demanda por la poca claridad sobre el futuro precio de la electricidad. Además, la agrupación está inmersa en una campaña de recogida de firmas y ha presentado mociones en 24 ayuntamientos asturianos para reclamar que se lleve a cabo la moratoria en la liberalización del sector eléctrico. El Ministerio y las compañías eléctricas han informado ya por carta que antes del uno de julio los usuarios pueden contratar el suministro con la comercializadora que libremente elijan.