Oviedo, L. G.
El Gobierno central y las cúpulas de la patronal y los sindicatos en España tratarán esta semana de reconducir las conversaciones para un «pacto social», lo que se había convertido en uno de los objetivos medulares de la estrategia política del presidente Zapatero frente a la crisis económica. El pasado jueves el camino hacia ese acuerdo se asomó al abismo de la ruptura. Fue después de que la CEOE volviera sobre dos de sus exigencias iniciales: la inclusión de una reforma laboral en las negociaciones y una rebaja sustancial de las cotizaciones sociales que pagan las empresas. Desde Asturias, el presidente de la patronal regional, la FADE, Severino García Vigón, avaló ayer esas posiciones de la CEOE: «El diálogo social no puede ser un mero adorno, un instrumento para negociar cuatro cositas que no van a servir salvo para hacerse la foto», espetó.
UGT y CC OO han acusado a los empresarios de poner «dinamita» bajo la mesa de negociación volviendo a su «programa de máximos». García Vigón, también vicepresidente de la patronal española, que lidera Gerardo Díaz Ferrán, cree que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero está maniobrando en el diálogo social mediatizado por temores a las posibles reacciones de los sindicatos. «El Gobierno está secuestrado por las presiones sindicales», sostiene el líder de los empresarios asturianos. «Estamos en una situación excepcional y deben acometerse determinadas reformas que han quedado pendientes en España, porque los sucesivos gobiernos, fueran del PSOE o del PP, no las abordaron», añadió. «Hay que hablar de todo, no se pueden poner cortapisas», dijo también García Vigón, que durante la última asamblea anual de FADE, el pasado junio, emplazó al PSOE y al PP a pactar reformas económicas de alcance ante la recesión.
La «dinamita» de la CEOE incluye la petición de que se cree un nuevo tipo de contrato laboral fijo y con una indemnización por despido de 20 días, frente los 45 días del contrato ordinario actual en caso de despido declarado improcedente judicialmente. La patronal ha vuelto también a su exigencia de partida de un descuento del 5 por ciento en las cotizaciones sociales.
«Los empresarios pretenden cruzar la línea roja», responde Gilberto García Buelga, de la dirección asturiana de CC OO, en alusión a ambas demandas de la patronal. «Está claro que esta crisis no tiene origen en el mercado laboral; si fuéramos serios, tendríamos que hablar de una contrarreforma», apuntó García Buelga sobre las aspiraciones de la CEOE de ir a cambios en los contratos y en el despido. Rebajar las cotizaciones como pretende la patronal, añadió el sindicalista, compromete severamente el futuro de las prestaciones sociales.
Hasta que el pasado jueves el diálogo social derivó en bronca (con amenaza sindical de huelga general incluida, según algunas informaciones), los bocetos de pacto trazados por el Gobierno incluían, básicamente, dos propuestas concretas: un nuevo subsidio de 420 euros al mes para los parados que agoten sus prestaciones, que no satisface a los sindicatos, y una rebaja de las cotizaciones empresariales del 0,5 por ciento, muy alejada de la ambicionada por la patronal.
