Campa anuncia reformas liberalizadoras y una etapa de austeridad para salir de la crisis

El secretario de Estado de Economía prevé fuertes resistencias y presiones contra los cambios - El Plan E se prorrogará en 2010 con otros 5.000 millones

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Campa, ayer en La Granda. Detrás, el consejero de Economía, Jaime Rabanal.
Campa, ayer en La Granda. Detrás, el consejero de Economía, Jaime Rabanal. miki lópez
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La Granda, Javier CUARTAS

El secretario de Estado de Economía, el ovetense José Manuel Campa, alertó ayer, en los cursos de verano de La Granda, de que una salida sostenible y duradera de la crisis pasará necesariamente, entre otros requisitos, por una etapa de austeridad, que deberá afectar tanto al sector público como al privado, y por una liberalización económica, sobre todo del sector servicios, a sabiendas de que su reforma suscitará fuertes resistencias entre los grupos de interés privado.

Campa cree inevitable lo que denominó como una «consolidación» o «estabilización fiscal» a medio y largo plazo, lo que «exigirá el compromiso de todos», asumir «cargas fiscales -implícitas y explícitas- realistas» (no precisó si ello entrañaría una subida tributaria o no) y llevar a cabo un «esfuerzo de austeridad, del que deben participar todos los agentes sociales, públicos y privados» y que ya está presente en el proyecto presupuestario «contractivo» del Gobierno para 2010, con un recorte del gasto del 4,5% respecto a 2009. «Si el pastel va a ser más pequeño, nadie puede pretender tener un trozo mayor de tarta», sostuvo.

Al tiempo, y entre las reformas estructurales que será preciso llevar a término, Campa abogó por una liberalización del entorno productivo, y en particular del sector de los servicios -que suponen dos tercios de la economía española-, y que el Gobierno ya ha puesto en marcha con la trasposición de la directiva europea y la aprobación de la ley de Comercio Minorista, entre otras. Estas reformas liberalizadoras, que implicarán cambios de 47 leyes y 100 real decretos, serán, dijo, «beneficiosas» pero suscitarán, avisó, «quejas» de grupos afectados porque «tendrán costes para quienes tengan algo que perder y beneficios menos predecibles» para el conjunto. «Tendremos que ser fuertes frente a las presiones que provendrán de grupos de interés particular», aseveró. El secretario de Estado, que tomó posesión el 18 de mayo, convocó al esfuerzo colectivo para acometer reformas: «El Gobierno sólo puede promover la liberalización para hacer un sector servicios más dinámico y competitivo, pero la propagación del impacto es tarea de todos».

La «sostenibilidad de las cuentas públicas», la «estabilidad del sector financiero» y optar por un «patrón de crecimiento económico más sostenible» son los tres factores cruciales sobre los que deberá pivotar la estrategia de salida de la crisis, según Campa. A juicio del secretario de Estado, estos tres principios inspiran las actuaciones pactadas internacionalmente frente a la recesión y la crisis financiera, y «coinciden», dijo, «con las políticas que está aplicando el Gobierno español». Según Campa, «los gobiernos van a tener un papel fundamental en la salida de la crisis». En su opinión, la actual crisis internacional, sin precedentes por su magnitud y gravedad desde la de los años 30, «demostró la efectividad de la intervención de los agentes públicos para superar una situación excepcional», a sabiendas, precisó, que «lo urgente no puede ocultar lo importante, que es el desarrollo de la economía» y que, una vez concluida la operación del salvamento con «las intensas intervenciones públicas realizadas», ha de «revertirse el protagonismo a la iniciativa privada».

Campa sostuvo, a su vez, que la actual crisis global ha puesto de manifiesto «los grandes vínculos entre el sector financiero y la economía real» y ha evidenciado que «ahora el mundo precisa más coordinación que nunca y un regulador y supervisor con capacidad efectiva sobre el tamaño real del mercado o que, cuando menos, tenga una visión global». «Ya no son suficientes», concluyó, «los reguladores locales».

La pretensión de acometer políticas de disciplina presupuestaria obedece al objetivo de que España pueda volver en 2012 a un déficit público máximo del 3%, que es el establecido en el tratado de la Unión Económica y Monetaria. España cuenta con la ventaja de un nivel de deuda pública inferior a la de los países del entorno, fruto de los superávits habidos entre 2005 y 2007 en las cuentas públicas españolas. Esa posición de fortaleza en términos comparativos de la economía española no se deteriorará, en la medida en que el resto de los países están incurriendo ahora en los mismos déficits elevados que España, con lo que se prevé que en 2011 la deuda pública española siga 20 puntos por debajo de la media de la zona euro. A su vez, está aumentando la tasa de ahorro española y se está reduciendo el déficit exterior. Además, la mayor moderación de la inflación respecto a la UE está permitiendo recuperar parte de la competitividad perdida por España desde su entrada en el euro.

De momento, se mantendrán las políticas anticíclicas, con una prórroga en 2006 del Plan E, que será dotado con otros 5.000 millones de euros, para estimular la actividad. Este estímulo fiscal se sostendrá pero de forma «temporal, localizada y con fecha de caducidad», señaló.

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