Los inspectores de Hacienda denuncian que las sicav deslegitiman el sistema fiscal

La agrupación profesional de los inspectores de Hacienda de España considera que la actual configuración legal de las sociedades de inversión mobiliaria de capital variable (sicav) resta legitimidad al sistema fiscal. El portavoz de la asociación, Francisco de la Torre, explicó que el problema no es tanto la tributación del 1% -equivalente a la de las instituciones de inversión colectiva- como un supuesto fraude de ley en la composición accionarial de dichas sociedades. La ley establece que deben contar con un mínimo de cien partícipes, pero en su mayoría son testaferros que dejan en manos de los auténticos propietarios todos los beneficios. La solución estribaría en cambiar la directiva comunitaria que regula las sicav.

Este supuesto fraude de ley ya motivó un duro enfrentamiento entre Hacienda y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2005, que se saldó con una modificación legal que dejó en manos del organismo regulador el control de estas sociedades. Las autoridades tributarias entendían que las sicav -herramienta utilizada por las grandes fortunas para manejar ventajosamente su patrimonio- no cumplían las condiciones para el tratamiento favorable que les dispensaba el regulador bursátil. José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), afirma que en 2005 «se reclamó a estos inversores con efecto retroactivo lo no pagado en los cuatro años anteriores». En aquel momento los inversores contestaron que ellos «habían cumplido los requisitos» y, asegura Mollinedo, «tenían razón».

El problema es que, «con independencia de que se vulnere el espíritu, en la letra de la ley no hay ninguna cortapisa», y así, «los inversores pueden crear sicav en las que el socio principal constituye el 99%, y luego buscar inversores para 1% restante». Para atajar esta «injusticia» habría que «cambiar la ley», asegura Mollinedo.

«En España las sicav se han pervertido» porque «hay personas adineradas que de la mano de las entidades financieras han creado estas sociedades a su medida», explica el secretario general de Gestha. Según los técnicos de Hacienda, se debería «modificar la directiva comunitaria del ahorro para excluir a los que no sean instituciones de inversión colectiva sino fortunas particulares que quieren tributar menos».