Madrid / Oviedo
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, desveló ayer que el Gobierno se propone «revisar» los multimillonarios incentivos que reciben los empresarios españoles para favorecer el acceso al empleo de personas de ciertos colectivos (mujeres, jóvenes, parados de larga duración...) y las ayudas que asimismo reparte la Administración con el propósito de animar las contrataciones indefinidas. Amparándose en informes de expertos que cuestionan la eficacia de esas subvenciones, el Ejecutivo sostiene que tales bonificaciones, con un coste de 2.800 millones de euros, «han perdido su eficacia y razón de ser».
Las manifestaciones de Corbacho se producen coincidiendo con el anuncio de recortes en el gasto público para 2010 que ha formulado la ministra de Economía, Elena Salgado, y, también, cuando el Ejecutivo intenta recomponer el diálogo social, malherido tras el choque entre el propio Gobierno y la patronal CEOE. En ese contexto, el titular de Trabajo precisó ayer que su intención no es suprimir los incentivos, sino someter a revisión el sistema y hacer un «balance» del mismo para ver si los 2.800 millones de euros que se reparten son realmente eficaces o no.
De manera sistemática, los gobiernos centrales -también los regionales- han utilizado el mecanismo de las bonificaciones en la Seguridad Social o de las subvenciones directas a los empresarios para propiciar la inserción laboral de ciertos colectivos o para contener la alta tasa de temporalidad del empleo en España, sin parangón en el resto de Europa y resultado en parte, según los expertos, de la forma en que se ha regulado el mercado laboral ya desde mediados de los años 80 del pasado siglo.
Corbacho expuso que las ayudas a la contratación nacieron con la idea de ayudar a convertir empleo temporal en fijo y de «discriminar positivamente» a determinados colectivos por sus dificultades para conseguir trabajo. «Lo que sucede es que, con el paso del tiempo, las bonificaciones se han universalizado bastante, y al hacerlo, porque prácticamente se está bonificando ahora a todos los colectivos, los propios expertos concluyen que pierden su razón de ser y la eficacia», dijo el Ministro.
Esa posición del Gobierno coincide con algunos estudios que cuestionan la eficacia de los incentivos. Uno de esos informes, encargado por el Ministerio de Corbacho, aboga por eliminar las ayudas. Entre los expertos que son críticos con el sistema de bonificaciones están economistas vinculados al grupo de intelectuales que la primavera pasada firmó un manifiesto a favor de una reforma laboral en España.
El Gobierno se propone reconsiderar su política de incentivos al empleo sólo 9 meses después de haberlos aumentado. En diciembre de 2008 el Ejecutivo aprobó nuevas bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que contraten de manera estable a trabajadores parados con hijos.
Rebajar las cotizaciones es uno de los caminos que han seguido los gobiernos para incentivar el empleo, aunque también se reparten ayudas directas. El Principado distribuye anualmente en torno a 20 millones de euros para potenciar la contratación indefinida y el acceso al empleo de jóvenes o mujeres.