Oviedo / Madrid,
M. MARTÍNEZ / Agencias
Los parados que no reciben ningún tipo de prestación empezarán a cobrar este mes la ayuda de 420 euros. El Gobierno central calcula que serán unas 5.000 personas, ya que sólo se han podido acoger a estas ayudas aquellos que estaban en condiciones de «certificar» que se encontraban en esa situación desde el 1 de agosto. En el caso del Principado, 528 desempleados han solicitado esta retribución en el conjunto de las oficinas de la región.
La Delegación del Gobierno en el Principado anunció ayer que las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal en Asturias abrirá también los martes y los miércoles, de 16.30 a 18.30 horas para facilitar información y atender las solicitudes. Esta ampliación de horario se producirá en dos oficinas de Oviedo, cuatro de Gijón, una de Avilés, otra de Mieres y otra de Langreo.
El decreto ley que aprobó el Consejo de Ministros el mes pasado fijaba que sólo podían solicitar la ayuda de 420 euros los parados que desde el 1 de agosto no recibieran prestación por desempleo. Un plazo que suscitó críticas generalizadas y que obligó al Ejecutivo a negociar con sindicatos y grupos políticos. Fruto de esas negociaciones, el Gobierno mostró su disposición a ampliar el plazo para que se puedan acoger a esta retribución todos los desempleados que desde el 1 de enero pasado no reciban prestación.
El Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, afirmó ayer en los pasillos del Congreso que las 5.000 personas que se podrán beneficiar este mes de las ayudas serán «relativamente pocas», en comparación con el número potencial de beneficiarios que supondría la ampliación, que el Gobierno eleva a 600.000 personas.
Corbacho también aseguró que, «pese a la gravedad de la crisis», la situación de la Seguridad Social es «buena», hasta el punto de que cerrará el año con un superávit cercano al 0,5% del PIB. El Ministro respondió así a las críticas del diputado del PP Tomás Burgos, quien en la sesión de control al Gobierno cuestionó la sostenibilidad de la Seguridad Social ante la caída de su superávit, de la afiliación y del previsible aumento del paro.
Corbacho aseguró que nunca negó que la crisis está incidiendo en las cuentas de la Seguridad Social, pero insistió en que no se puede calificar de «desastroso» un sistema con un superávit de más de 8.600 millones, más de 18 millones de afiliados y un Fondo de Reserva de casi 60.000 millones de euros.