La patronal de las cajas acusa a las autonomías de entorpecer las fusiones

Granada, E. P.

El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, criticó ayer que los gobiernos autonómicos pongan trabas a las fusiones entre cajas y abogó por realizar reformas legales para dotar a estas entidades de más independencia.

Quintás efectuó estas consideraciones al presentar en Granada los resultados semestrales de las cajas de ahorros, cuyo beneficio se redujo casi un 33 por ciento, con una tasa de morosidad superior al 5 por ciento. Con ese panorama contable, el presidente de la patronal de las cajas se explayó sobre la reestructuración del sector y señaló a los ejecutivos regionales como elementos «perturbadores». «A diferencia de los bancos, las cajas juegan con restricciones como los gobiernos autonómicos, que en algunos casos son elementos muy perturbadores y que, incluso, han puesto fin a fusiones muy interesantes».

Para Quintás, el hecho de que la opinión de los gobiernos autonómicos «cuente» en los procesos de fusiones «consume mucho tiempo» a las entidades, que cuando se encuentran con el «no» de las autoridades tienen que rehacer el camino andado. Juan Ramón Quintás también aludió a una posible reforma de la ley de Cajas para dotarlas de más independencia, asunto que, a su juicio, es el «más importante» para el futuro del sistema financiero español.

Respecto al recurso presentado por la Comunidad de Madrid, entre otras, al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB, mecanismo impulsado por el Gobierno para la reestructuración del sector), Quintás dijo que «le parece muy bien» que los gobiernos autonómicos «hagan lo que les parezca» para defender los derechos de sus comunidades, aunque recordó que la insolvencia es reconocida por la Constitución como un problema estatal.

«Ahora que se aborda la solvencia y reestructuración financiera como un problema planetario, no deja de ser bastante castizo que en este país se opine que los problemas de solvencia son regionales», añadió Quintás. Se preguntó por ello: «Si una caja es insolvente como consecuencia de su gestión, ¿tiene el Gobierno autonómico responsabilidad en este asunto?». Y añadió: «No estaría de más» que esta cuestión se llevara al Tribunal Constitucional para que siente criterios «razonables».