Un capitalismo refundado a medias

Oviedo, Javier CUARTAS
Viene de la página anterior
Un año después del derrumbe del legendario banco de inversión estadounidense Lehman Brothers, que abocó al mundo a un colapso financiero, las grandes potencias y las mayores economías emergentes están lejos no ya de haber impulsado la ambiciosa «refundación del capitalismo» que proclamó Sarkozy, sino que ni siquiera se ha resuelto la anunciada redefinición del orden financiero internacional ni la prometida depuración y reparación de los graves fallos del sistema en la mayor crisis económica internacional desde la Gran Depresión de los años 30.

La próxima semana, en Pittsburg (EE UU), la cumbre mundial del G-20 ampliado se reunirá por tercer vez en menos de un año para seguir avanzando en la reconsideración de la «arquitectura» económica global. Aunque hay consensos básicos (ningún país ha puesto reparos a la intervención masiva en el mercado de los sectores públicos nacionales y de los organismos supranacionales para salvar al capitalismo), las diferencias persisten en los grados de regulación y de intervención sobre el libre mercado.

Las crisis periódicas son inherentes a los ciclos económicos para depurar y corregir los excesos perpetrados en las fases alcistas. El esquema volverá a repetirse aunque no se sepa ni cuándo ni cómo. El ex presidente de la Reserva Federal de EE UU, Alan Greenspan, lo acaba de advertir: habrá más crisis porque la «codicia» y «la capacidad insaciable» es propia del género humano. Y porque en un largo período de prosperidad nadie acierta a prevenir que el crecimiento ilimitado no existe.

Aunque todas las crisis responden a esquemas similares, ninguna es igual a otra. Y muchas veces las recetas adoptadas para salir de una ponen las bases de la siguiente. Esto fue lo que ocurrió con la actual, cuyo factor causal primigenio fue la prolongada política monetaria laxa y de muy bajos tipos de interés que se adoptó para salir de la crisis de 2001, a la que había conducido la proliferación estelar de las compañías tecnológicas o «puntocom» y la euforia bursátil que suscitaron.

De ahí que sea capital el debate sobre las estrategias de salida de la actual crisis y la prevención de los excesos y fallos que posibilitaron el colapso. Las cumbres del G-20 sí deberían servir para, al menos, tres objetivos: no caer en los mismos errores que en el pasado, que la medicina que ahora se adopte no genere efectos secundarios como una nueva «burbuja» y que se obtengan enseñanzas de la experiencia reciente para fortalecer el sistema.

Estas lecciones sí se obtuvieron de la Gran Depresión de 1929 y la aplicación inmediata y generalizada, hace ahora un año, de algunas políticas que hace 80 años se demostraron exitosas, permitieron que esta vez no se alcanzara el dramatismo y desgarro social con que se vivió en su día la gran crisis bursátil de Nueva York y, además, que lo que podría haberse convertido en otra Gran Depresión, pueda acaso quedar reducido a una grave recesión.

Hace un año el sistema económico estuvo al borde del desastre. Fueron horas dramáticas en las que el mundo miraba a EE UU y en las que George Bush, aún en la presidencia, estaba emparedado entre su doctrina liberal de no intervención en el mercado y una emergencia sin precedentes desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Un alto responsable de su Administración planteó en aquellos cruciales momentos un ultimátum en términos catastróficos: «Hoy es viernes. Si no intervenimos, el lunes ya no quedará nada que salvar». Aquel mismo día volvió a reinar el keynesianismo, el mismo que se había demostrado acertado en la Gran Depresión: cuando la crisis se produce por un desplome de la demanda privada, es preciso sustituirla con el gasto y la inversión públicos.

Todos los países actuaron prácticamente al unísono, inyectando ingentes capitales públicos en el sistema financiero, asumiendo crecimientos súbitos del déficit público y bombeando recursos al sector privado, mientras los bancos centrales reducían los tipos de interés a mínimos históricos, abrían la ventanilla de la liquidez para insuflar financiación al mercado interbancario y recurrían a las eufemísticamente denominadas «medidas no convencionales»: fabricar dinero para aumentar la masa monetaria.

Pasa a la página siguiente

Hasta ahora este recurso al keynesianismo -la teoría que había reinado entre 1936 y 1971-, combinado con políticas monetarias expansivas, ha sido en la práctica la única gran unanimidad que se ha producido de cuantas decisiones se adoptaron en aquellas horas fatales de 2008, y la gran receta que nadie ha dejado de aplicar desde entonces. Todas las demás medidas que se habían prometido y comprometido en la cumbre del G-20 en Washington en noviembre de 2008 evolucionan con más dificultad, es el caso de la renuncia al proteccionismo nacional, limitación de los «bonus», primas y salarios de ejecutivos, regulación bancaria más estricta, control de la ingeniería financiera, recapitulación de los organismos multilaterales, reconsideración del funcionamiento de las agencias de calificación crediticia («rating»), control de los niveles de riesgo asumibles, creación de reguladores y supervisores globales para un mercado mundializado...

El recurso masivo al Estado para salvar al mercado y al capitalismo no precisó de tantas negociaciones y recelos, porque ante una situación límite hasta las más arraigadas convicciones son incapaces de frenar las evidencias, y la experiencia de los años treinta había demostrado que no quedaba otra. Los «neocons» (muy debilitados en estas circunstancias) han recurrido al subterfugio de asegurar que no fue el keynesianismo el que sacó al mundo de la Gran Depresión, sino la II Guerra Mundial.

Pero este aserto es un ejemplo diáfano de cómo con datos ciertos se puede construir una teoría falsa. Porque la II Guerra Mundial actuó sobre la economía estadounidense -dañada en el corazón mismo de su sistema financiero- como una masiva receta keynesiana. Fue el Estado, demandando al sector privado armamento, vehículos, pertrechos, provisiones y equipamientos para las tropas, quien hizo de motor de la economía, generando actividad y empleo, lo que aún se agudizó más con la movilización de soldados, que pasaron a engrosar el sector público, mientras que otros ciudadanos (y entre ellos, muchísimas mujeres) salían del paro para ocupar en las fábricas los puestos que dejaban vacantes los alistados en el Ejército.

Aquella lección es la que ahora se está aplicando y la que le permitió decir en febrero en Oviedo al ex ministro del PP y ex gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato que no hay otro camino: «No es la Revolución de Octubre, pero no hay alternativa a la intervención pública». Sobre todo -el caso de España es ejemplar-, cuando el problema que ha contribuido a la actual crisis no es la excesiva deuda del Estado -la española estaba en 2008 en el 39,5% del PIB, cuando la media de la «zona euro» era en esa fecha en el 69,3%-, sino el desbordado endeudamiento privado, que en España era hace ahora un año del 215% del PIB.

La consecuencia de esa gran operación de salvamento privado desde el sector público (el presidente de la patronal española, CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, pidió hace un año «abrir un paréntesis en el libre mercado») es el desbordado déficit estatal, pero la alternativa era mucho peor, incluso aunque ahora, como ha advertido el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, «los costes de la crisis han agravado la carga fiscal, y las subidas de impuestos resultan inevitables».

Pero la opinión dominante sigue siendo que no había alternativa, por más que en casi todos los países tacha a sus gobiernos de manirrotos. Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal, declaró hace poco a propósito de EE UU: «El déficit no tiene precedentes, pero, por el momento, no creo que sea un problema. Ha servido de ayuda para moderar la caída de la economía».

Salvada in extremis la estabilidad del sistema, las asignatura pendientes ahora son: por un lado, reducir y achicar el déficit y retirar las medidas de estímulo -pero haciéndolo de forma gradual y acompasada, es decir, sin precipitaciones, para no cercenar la recuperación, y sin demoras excesivas, para no alentar nuevas «burbujas»-, y, por otro, pactar y aplicar las anunciadas reformas del sistema económico, de las instituciones nacionales y supranacionales y de los mecanismos de vigilancia y regulación.

Y aquí es donde el consenso político, y también entre los economistas, es más arduo. No hay unanimidad sobre muchas de las recetas que se han esbozado en las cumbres del G-20.

l Los brotes o tentaciones proteccionistas (el último, el aumento del arancel estadounidense a los neumáticos chinos) no han hecho justicia al compromiso firme de noviembre de no caer en el error de 1929 de restringir el libre comercio.

l La regulación o no de la remuneración de los ejecutivos, financieros y altos directivos de banca (los «bonus» y primas en proporción a los resultados inmediatos obtenidos han sido culpados en buena medida de la diseminación por el mundo de los llamados «activos tóxicos») enfrenta a la Europa del euro con el eje británico-estadounidense. La primera es partidaria de establecer límites, y el segundo juzga inconveniente e impropio que el Estado decida la remuneración en ningún sector privado.

l Otro gran dilema es limitar la llamada ingeniería financiera, porque, aun cuando sus excesos han sido causa de que las carteras de inversión y los balances bancarios se vieran inundados por productos opacos y nocivos en algunos casos, hay una creencia bastante amplia de que no se pueden poner puertas al campo ni a la innovación, y que cercenar la inventiva es tanto como impedir el progreso, y más cuando algunos inventos que hoy se ven con reserva y sospecha (los mercados de futuros, los derivados, las opciones...) han sido útiles en muchas ocasiones y han cumplido un papel benéfico. Los mercados de futuros, por ejemplo, nacieron en los años setenta, y rindieron grandes beneficios para proteger a los agricultores de las malas cosechas.

l Controlar los riesgos y pactar los mecanismos regulatorios, pero sin desalentar la creatividad ni dañar la libertad ni restringir la iniciativa, es otro gran reto por resolver, cuando parece indudable que el mercado sin regulación no es una opción válida, y un exceso de normativismo que asfixie la libertad económica no será otra cosa que fuente de pobreza, como la historia ha demostrado.

l Queda también por establecer el papel de los bancos centrales y de las autoridades monetarias en la determinación de los grados de riesgo asumibles por las entidades financieras, y persiste la tarea de reconsiderar el papel de los órganos de vigilancia de los llamados riesgos sistémicos y si es posible o no establecer reguladores globales para un mercado plenamente mundializado. Lo mismo ocurre con la revisión de las actuales instituciones multilaterales (FMI y Banco Mundial).

l El establecimiento o no de una tasa a los movimientos mundiales de capitales es una discusión recurrente, ahora actualizada, y que ha sido una vieja reclamación, sobre todo, de los analistas de izquierdas, desde que la formulara en 1970 el economista James Tobin.

l Tampoco se ha abordado aún la necesaria reconsideración del funcionamiento de las agencias de calificación de riesgo («rating»), un oligopolio reducido en la práctica a tres grandes grupos mundiales, y cuyas percepciones y remuneración por los mismos a los que tienen que calificar se ha evidenciado como una de las causas del desastre, porque santificaron con su prestigio productos infectos que llevaron la economía a la uvi y originaron cuantiosas pérdidas a numerosos bancos, pero también a infinidad de familias y pequeños ahorradores.