Madrid
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) inspeccionó ayer las sedes de empresas fabricantes y suministradoras de cemento, hormigón y áridos radicadas en España, ante la sospecha de que realizan prácticas anticompetitivas, que consistirían en fijar precios y repartirse el mercado.
La apertura de la investigación coincide con el desplome del sector como consecuencia del parón de la construcción debido a la crisis. Según la previsión de Oficemen, la patronal cementera de ámbito nacional, el consumo de cemento caerá un 35 por ciento en este ejercicio, la mayor bajada de su historia. Este descenso devolverá al sector a niveles similares a los que registró en 1997, antes del «boom» de la edificación, y encadenará su segundo año consecutivo de descensos récord, tras el de 24 por ciento que se anotó en 2008.
De confirmarse las sospechas, dichos acuerdos constituirían una infracción «muy grave, que podría suponer una multa de hasta el 10 por ciento del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa», explicó la CNC en un comunicado difundido ayer.
El organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda matiza que, en todo caso, inspecciones como las que está realizando en el sector del cemento «suponen un paso preliminar en el proceso de investigación y no prejuzgan el resultado ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas».
La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de la CNC, que preside Luis Berenguer, «dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores», indica el comunicado del organismo.
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