Los impuestos según Campa

Oviedo, Javier CUARTAS
La decisión del Gobierno de acometer políticas de disciplina presupuestaria obedece a la finalidad de que España pueda volver en 2012 a un déficit público máximo del 3%, que es el que se establece como objetivo en el tratado de la Unión Económica y Monetaria, según anunció el pasado 11 de julio en La Granda el secretario de Estado de Economía, el ovetense José Manuel Campa.

España, que en el primer mandato de Zapatero había alcanzado -por vez primera en la etapa democrática- superávits fiscales, asiste desde 2008 a un muy acusado deterioro de sus cuentas públicas a resultas de la recesión, de la elevada tasa de paro, de las políticas sociales y de ayuda a sectores en dificultades (automoción, por ejemplo) y de las inyecciones de liquidez en calidad de préstamos al sistema financiero, entre otras medidas de estímulo. Hoy el déficit público español es por esas razones, y sobremanera por la elevada tasa de paro, uno de los más cuantiosos de la OCDE, aun cuando el país tiene todavía un amplio margen porque su nivel de endeudamiento sigue veinte puntos por debajo de la media de la UE y es, en ese sentido, uno de los países con las cuentas públicas más saneadas.

La pretensión del Gobierno es, según avanzó Campa en La Granda, que España mantenga en 2011 un nivel en endeudamiento respecto al PIB 20 puntos por debajo de la media de la zona euro.

A este objetivo y a evitar un desbordamiento del servicio de la deuda (pago de intereses) en ejercicios futuros obedece la pretensión de la llamada «consolidación» o «estabilización fiscal» a medio y largo plazo a la que aludió Campa.

A ese fin se puede llegar por tres vías: reduciendo gastos o inversiones, aumentando ingresos o mediante una combinación de ambas fórmulas. Y el aumento de la recaudación sólo cabe esperarlo por una elevación de los impuestos o por un repunte de la actividad que permita obtener más ingresos sin necesidad de aumentar tributos y tasas.

En dos intervenciones públicas posteriores, ambas a fines de julio, Campa explicitó que «el objetivo» del Gobierno «no» era subir impuestos, «sino conseguir la estabilidad presupuestaria», y que cualquier decisión que se tomase sobre las cargas fiscales (aumentar o no la tributación) se adoptaría en función del logro de reequilibrar las cuentas a corto y medio plazo para cumplir los compromisos del tratado de la unión monetaria.

Según señaló entonces el «número 2» de Economía, todos los impuestos debían ser objeto de una «evaluación» para calibrar qué hacer con cada uno de ellos en aras del «objetivo» estabilizador, pero tomando, al tiempo, en consideración tanto su «impacto recaudatorio» como el efecto secundario que las decisiones fiscales ejercen sobre la economía, en tanto que subir o bajar determinados impuestos pueden ser, según casos, incentivadores o desalentadores de la actividad.

En La Granda, Campa había alertado de que ese esfuerzo de estabilización «exigirá el compromiso de todos», asumir «cargas fiscales -implícitas y explícitas- realistas» y llevar a cabo un «esfuerzo de austeridad, del que deben participar todos los agentes sociales, públicos y privados», como se recoge, apuntó, en el proyecto presupuestario «contractivo» del Gobierno para 2010, con un recorte del gasto que se esperaba fuese del 4,5% respecto a 2009, pero que, según lo aprobado el sábado, se limitará a una reducción del 3,0%. «Si el pastel va a ser más pequeño, nadie puede pretender tener un trozo mayor de tarta», sostuvo entonces.

Lo repitió de nuevo el 1 de agosto, en la Feria de Muestras de Asturias, en Gijón: los Presupuestos Generales de 2010 van a estar marcados por «la austeridad en el gasto público», y ello «debe repartirse entre los distintos agentes sociales».

A fines de julio, Campa se mostró cauteloso con la posibilidad de aumentar el IVA cuando el consumo está cayendo el 4,1% por lo que pudiera tener de «efecto desincentivador» adicional sobre la demanda y, además, por la escasa capacidad recaudatoria en que pudiera traducirse ese mayor gravamen cuando el consumo está «deprimido». Estas consideraciones son las que habrían pesado en el Ejecutivo para aplazar la subida del IVA hasta el 1 de julio de 2010, es decir, una vez que -de cumplirse la previsión del Gobierno- haya empezado a recuperarse el consumo. En esas circunstancias, según Campa, no habría inconveniente en subir el IVA pero «si responde a un entorno que nos va ayudar a generar más ingresos». El efecto alcista sobre la inflación de esa subida del IVA no es, a la inversa, preocupante en el actual escenario, precisó hace unos meses Campa, dado que, a diferencia de lo que ha sido crónico en España, la inflación es negativa e inferior a la europea. «Hay que mirar bien cuál es el momento adecuado para cada medida, cuándo ayuda a recaudar y cuándo no», precisó Campa.

Por eso Campa fue renuente a subir el tipo marginal del IRPF, que grava los tramos más altos de renta: «El impacto recaudatorio me parece que no sería muy grande». No es el caso de la supresión de la deducción de 400 euros en el IRPF, que supondrá un ahorro de 5.500 millones anuales. «Hemos anunciado un presupuesto con un techo de gasto de -4,6%. Eso significa ajustes importantes», alertó.