La UE suaviza su política ambiental y libera a industrias asturianas de pagar por el CO2

Oviedo, L. GANCEDO
Buena parte de las principales instalaciones que conforman el corazón industrial de Asturias y que figuran entre los grandes emisores de dióxido de carbono (CO2, gas de efecto invernadero) saldrán beneficiadas de un cambio en la política de la Unión Europea (UE) que relaja la disciplina pensada para contrarrestar los riesgos del cambio climático. Fábricas como las plantas siderúrgicas de Arcelor-Mittal, las cementeras de los Masaveu, las fábricas de vidrio o las de celulosa pueden librarse de sufrir penalización económica por sus emisiones de CO2 si sale adelante una especie de medida de gracia que acaba de impulsar la Comisión Europea.

Los estados miembros aprobaron el pasado día 18 de septiembre un proyecto de decisión que incluye una relación de 164 actividades industriales que se consideran «expuestas a fugas de carbono». Con esta expresión, Bruselas se refiere a las industrias que pueden sufrir problemas relevantes de competitividad si son castigadas económicamente por contaminar con CO2. Aquellos sectores que consigan entrar en esa lista pueden quedar exonerados de pagar por sus emisiones cuando, a partir de 2013, comience lo que los expertos han bautizado como la «etapa pos-Kioto».

Actualmente, los sectores sujetos a las normas europeas para contener la generación de dióxido de carbono reciben derechos gratuitos para emitir ese gas y deben comprar otros si superan los límites autorizados. De hecho la mayoría de las empresas -a excepción de las eléctricas- apenas se han visto penalizadas porque los repartos de derechos, decididos por cada gobierno, han sido generosos, suficientes para cubrir sus niveles de actividad.

Pero en la industria, incluida la asturiana, inquietaba mucho lo que podría ocurrir a partir de 2013. El criterio general que manejó la Comisión Europea suponía en un principio que después de 2012 desaparecería progresivamente la asignación gratuita de permisos para emitir CO2 y se forzaría a todas las empresas a pagar para comprar hasta el 70% de los derechos que necesitaran en un mercado que funcionará como una subasta. Los impactos económicos de una política así movilizaron a los «lobbies» empresariales y en los principales gobiernos de la UE caló la alerta sobre el riesgo de deslocalizaciones o de que en el mercado internacional quedara disminuida por razones de costes la competitividad de las fábricas europeas frente a otras de naciones ajenas a los compromisos de lucha contra el cambio climático.

Tales riesgos han terminado por forzar un giro en la política comunitaria que, a la vista del acuerdo del 18 de septiembre, termina por convertir lo que iba para norma general en excepción: al final pueden terminar en minoría las actividades industriales que desde 2013 deberán pagar por contaminar.

La relación de «sectores y subsectores» con derecho al 100% de los derechos gratuitos de emisión tiene una aprobación inicial de los estados miembros y puede variar algo en su próxima tramitación ante el Parlamento de Estrasburgo y su ratificación por el Consejo de la UE. En su primera redacción tienen cabida muchas de las fábricas asturianas que estaban en situación comprometida: los complejos siderúrgicos de Arcelor en Avilés y Gijón, los de Azsa y Alcoa, la mayor parte de la industria química (incluida la Du Pont), la papelera de Ence en Navia, las fábricas de vidrio de Saint Gobain en Avilés o Rioglass en Mieres o las fábricas de cemento de Tudela Veguín y Aboño (Grupo Masaveu).

Ahora bien, Bruselas adopta una cautela para forzar a la industria comunitaria a no bajar la guardia: para acceder al 100% de los derechos gratuitos de CO2 habrá de alcanzarse un determinado nivel de eficiencia, el que en cada sector marquen las instalaciones capaces de trabajar con el menor número de emisiones por producto. Ese criterio puede obligar a las compañías a invertir para reducir la contaminación y a contener su gasto energético. Europa, además, podría revisar la lista de industrias exentas de pagar si los riesgos de deslocalización disminuyen por un acuerdo internacional que generalice la restricción de emisiones en el planeta. Se intentará en Copenhague este diciembre en la Cumbre de la ONU sobre el cambio climático.