La tercera vía

Vigo, Julio PÉREZ
En la agitada reestructuración del mapa de las cajas de ahorros da la sensación de que sólo hay dos caminos posibles para que las entidades ganen liquidez, fortaleza y resistencia ante la importante caída del volumen de negocio por la crisis, especialmente en su caso por la exposición que tenían en sus negocios al sector del ladrillo. La fusión o seguir en solitario. Pero existe una tercera vía que, además, no tendría por qué suponer ningún quebradero de cabeza para poder acudir al dinero que el Gobierno puso encima de la mesa y así ayudar al sector: los 36.000 millones de euros del fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB). Los negocios se integran, los riesgos se controlan conjuntamente, pero las cajas no pierden su personalidad jurídica. El impacto para la red de sucursales y la plantilla es infinitamente menor.

Es lo que en el mundo financiero se llama sistema institucional de protección (SIP). La fórmula escogida por Caja Navarra y Caja Canarias. Seguirán con sus nombres, con sus sedes en sus mercados tradicionales, y en el resto de España operarán bajo una nueva marca. En esa idea trabaja Caja Cantabria, cuyo consejo aprobó iniciar conversaciones «con entre dos y cuatro» entidades de ahorro, «preferiblemente de autonomías uniprovinciales», para abrir una nueva red de negocio.

La tercera vía no es nueva. Nació de una directiva de la UE en 2006, a la que se acogieron muchísimos grupos cooperativos financieros europeos y que en España vivió su gran eclosión con la remodelación del escenario de las cajas rurales.

¿En qué consiste el SIP? Es un contrato. Dos entidades que unen esfuerzos y riesgos. Los protagonistas forman un «holding» que controla la liquidez y la solvencia de los socios a través de un sistema propio de clasificación de riesgos para evitar, por ejemplo, el contagio con productos basura, una de las claves de la actual crisis financiera. El grupo sacará un informe anual sobre la evolución de la sociedad. En caso de que alguno de los integrantes quiera abandonar el sistema, tendrá que avisar con dos años de antelación. El acceso a los fondos públicos para recibir una inyección de liquidez es inmediato y el Banco de España suele mirar con buenos ojos este tipo de acuerdos.

Además de mantener plantillas, oficinas y obra social, la independencia y las mejoras en la gestión y el control interno de la actividad y el ahorro que puede suponer con vistas a embarcarse en nuevos negocios, otra de las grandes ventajas es la posición en la que quedan ante las agencias de calificación, que miden la capacidad de las entidades para afrontar sus compromisos. Sus notas, el «rating», son fundamentales para buscar financiación en los mercados.