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Madrid, Agencias
El secretario de Estado de Economía, el asturiano José Manuel Campa, remarcó ayer que el Gobierno desecha que España haya entrado en deflación o tenga riesgo de padecerla, a pesar de que el índice de precios al consumo (IPC) ha encadenado ya siete meses de descensos interanuales y que las caídas afectan a una parte considerable (52 de 126) de las categorías de productos y servicios que conforman el índice que mide la inflación.
La deflación se suele definir en los manuales como un descenso prolongado y generalizado de los precios. Es un fenómeno económico que, según los expertos, puede tener efectos severos sobre la actividad y el empleo si induce a las familias a rebajar su consumo ante la expectativa de que los precios bajen aún más. Una situación así daña los márgenes empresariales y termina por conducir a más despidos y más paro.
Según una definición que se atribuye al Fondo Monetario Internacional (FMI), la deflación se da técnicamente cuando se encadenan al menos seis meses de caídas generalizadas de los precios. En España, la inflación interanual ha bajado por séptimo mes, situándose en septiembre en el -1%. Asturias también suma siete meses con el IPC a la baja. La región cerró septiembre con un índice de precios del -1,3% y descensos de precios en siete de los doce capítulos que lo componen. En Asturias y en el conjunto de España se siguen abaratando los alimentos, el vestido, los gastos de mantenimiento de la vivienda, el transporte, las telecomunicaciones y el ocio y la cultura. A pesar de ese escenario, Campa excluyó la deflación e indicó que previsiblemente la tasa de inflación cerrará el año en positivo, gracias al comportamiento de los precios energéticos, que el año pasado bajaron mucho. El secretario de Estado también indicó que hay perspectivas de que el consumo se recupere en la primera mitad de 2010 y, en cualquier caso, subrayó que no se esperan tasas de crecimiento hasta el próximo año.
El secretario de Estado de Economía también se pronunció sobre el informe de la Comisión Europea, que ha clasificado como de «alto riesgo» la situación de las cuentas públicas españolas si no se produce una reducción del déficit y de la deuda y se realizan profundas reformas en las pensiones y la sanidad, es «matizable», pero abogó por «extraer lecciones» de él. Campa aseguró, en declaraciones a Onda Cero recogidas por «Europa Press», que «las previsiones son matizables» pero indicó que el informe «tiene un contenido de fondo que hay que tener en cuenta».
«Es una proyección de aquí a 2060, son 50 años en los que se presupone que nada va a ocurrir por el camino, que no va a haber un cambio en la política económica», subrayó Campa, quien indicó que también hay que tener en cuenta «las tendencias, alguna de ellas muy difícil de predecir, como nuestro crecimiento potencial, o más factores que en España tienen mucho impacto como es el comportamiento de los flujos migratorios».
Con relación a la reforma del mercado laboral, Campa indicó que la «prioridad absoluta» ahora es poner a trabajar a los cuatro millones de parados e indicó que todo le parece «poco» hasta que se consiga ese objetivo, al tiempo que abogó por lograr un acuerdo en materia de negociación colectiva.
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