Toledo, M. P.
En su «huida hacia delante» frente a la crisis inmobiliaria, la caja manchega cometió «el despropósito de autorizar la apertura de sesenta sucursales en plena crisis sin ningún criterio». José Manzanero, portavoz de CSIF en el comité de empresa de CCM, define así una situación de la que los trabajadores, le acompaña Carlos Jiménez (UGT), «hacemos corresponsable al Banco de España, que sabía lo que estaba pasando y en un año no tomó ninguna decisión». Para justificar el grado de publicidad de la situación, los representantes de los empleados retroceden hasta el episodio de Los Yébenes (Toledo), cuando los rumores de quiebra indujeron una retirada masiva de depósitos. Eso fue en enero de 2008 y desde entonces hasta la intervención, afirma Jiménez, la caja estuvo «quince meses desangrándose con un coste reputacional que no sé cómo hemos resistido». O sí. «Con el esfuerzo de unos trabajadores que han sabido fidelizar y dar confianza a la clientela», asiente Fernando Botica (CC OO).
Culpable después el Banco de España, pero antes y sobre todo el equipo directivo, dicen, «sin quitar responsabilidad a los políticos de la región», remata Carlos Jiménez. «Cajastur está menos politizada, pero aquí la política ha tenido un efecto demoledor», le acompaña José Manzanero. Él acude a la obligación «de control y supervisión» de la caja que por ley compete a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para acusar a su Gobierno regional de dejación de funciones. Julio Muñoz (CESICA) corrobora la imagen de la Junta como «convidado de piedra» y aporta la intención de extender la depuración de culpables dentro de la dirección de la empresa. «Siempre hemos reclamado la responsabilidad de los gestores anteriores, que son los que nos han llevado al pozo, pero no sólo en el consejo, sino también en el comité de dirección».
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