CCM cita uno a uno a sus 150 consejeros para convencerlos del plan de Cajastur

Oviedo, Javier CUARTAS
La dirección de Caja Castilla La Mancha (CCM) va a mantener un exhaustivo plan de entrevistas individualizadas y personales, uno por uno, con sus 150 consejeros generales (miembros de su asamblea general), para explicarles la bondad del plan de Cajastur para la entidad manchega. Con estas 150 reuniones de trabajo, CCM pretende persuadir a su máximo órgano de decisión de la conveniencia de la integración en el grupo asturiano y atenuar el riesgo de que la asamblea rechace la única solución que abandera el Banco de España.

Aunque el Banco de España no ha confirmado nunca este extremo, se da por hecho que en caso de que CCM rechazara su anexión por Cajastur, el regulador bancario procedería a declarar la quiebra de la entidad manchega y a su liquidación ordenada mediante la subasta de sus activos. Así lo ha desvelado la secretaria general del PP nacional y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en dos ocasiones. La última, anteayer. Los directores generales de CCM, Xabier Alkorta y Gorka Barrondo, se expresaron en términos menos nítidos pero no menos inquietantes: «Quien vote que no al plan de Cajastur en la asamblea tendrá que asumir su responsabilidad».

En CCM ya se da por hecho que la asamblea decisoria y decisiva en la que los 150 consejeros generales deben aprobar o rechazar el plan de Cajastur difícilmente podrá celebrarse en diciembre, como se pretendía en principio, y que será pospuesta hasta enero.

Este aplazamiento obedece a diversas causas. Dos de ellas tienen que ver con la necesidad de llegar a la asamblea con la certeza de que se hayan agotado todos los esfuerzos para explicar a los 150 consejeros generales el plan de Cajastur y las consecuencias probables si esta solución fuese rechazada. Las 150 entrevistas programadas dilatarán necesariamente el proceso.

La asamblea de CCM la integran 45 representantes de los impositores (clientes con cuentas de ahorro en la entidad), 33 de los ayuntamientos, 29 de las Cortes de Castilla-La Mancha, 18 de diversas organizaciones e instituciones no públicas, 13 de los empleados y 12 de las entidades fundadoras (las diputaciones de Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Toledo).

Además, los sindicatos, que controlan (entre representantes directos e indirectos) en torno al 15% de la asamblea, y que serán decisivos para alcanzar los dos tercios de apoyo (100 votos) que se necesitan si los consejeros afines al PP mantuvieran sus suspicacias sobre la integración en Cajastur, exigen la negociación de un plan laboral antes de dar su apoyo a la caja asturiana.

Esta negociación va a ser necesariamente prolija, y también llevará tiempo hasta que se convoque la asamblea con la certeza de que ésta ratificará el plan del Banco de España. «Hacerlo muy rápido sería peligroso», advirtió un representante sindical castellano-manchego.

Los sindicatos exigirán a Cajastur compromisos fehacientes, y con cifras, de la viabilidad y solvencia del proyecto, además de garantías de continuidad de la caja asturiana en el banco que asumirá el negocio financiero de CCM. Las centrales también demandarán garantías de estabilidad del empleo y de la red, y, en caso contrario, un protocolo que excluya los despidos y que supedite cualquier ajuste a un plan que acredite su necesidad y que sea pactado con los trabajadores y cuya ejecución se realice por procedimientos no traumáticos.

Además, las secciones sindicales exigen el mantenimiento de las condiciones laborales y salariales de los 2.400 trabajadores. Esto puede entrañar un problema, dado que CCM está hoy sujeta al convenio colectivo de cajas de ahorros, pero sus empleados pasarían a trabajar en un banco, sujeto, en principio, al convenio de banca.

La negociación con los cuatro sindicatos de CCM (CC OO, UGT, CSI-CSIGF y CSICA) hace también poco probable que la asamblea pueda convocarse con prontitud.

Además, hay razones normativas y de calado jurídico que obligan a posponer la convocatoria de la asamblea.

En esa reunión decisoria, CCM debe llevar una propuesta no sólo de integración de su negocio financiero en un banco participado por ella en el 25% y por Cajastur en el 75%, sino que también debe elevar a su máximo órgano una propuesta definida de cómo van a quedar constituidos los órganos rectores de la futura CCM. Dado que Caja Castilla La Mancha va a seguir existiendo, pero sin ejercer actividad financiera por sí misma, la entidad debe adaptar sus estatutos para replantear la presencia de los impositores (la entidad ya no tendrá clientes propios), así como la de los ayuntamientos, toda vez que la representatividad de éstos se regula por el volumen de depósitos que las sucursales de la caja tengan en cada municipio, y CCM ya no tendrá oficinas propias. También debe modificarse el objeto social. Este diseño debería ser aprobado por la asamblea al mismo tiempo que la separación del negocio bancario para su traspaso a la entidad dominada por Cajastur.

La consejera de Economía de Castilla-La Mancha, María Luisa Araujo, admitió, además, que no es descartable que haya que modificar, a su vez, la ley de cajas de la comunidad.