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En el futuro existe el compromiso de posibilitar la incorporación de otros ganaderos, en la medida en que Clas y su filial CAPSA sean capaces de comercializar mayores volúmenes de leche. Los nuevos socios tendrían que satisfacer una cuota de afiliación equivalente a 1,2 céntimos de euro por litro de entrega durante cinco años.
Con los recursos así generados, la sociedad afrontaría la liquidación de los socios pasivos que quisieran causar baja, para lo que se establecería una base de cálculo con una fórmula que conciliaría tres variables: un «valor razonable», y no sólo contable, de sus participaciones; una estimación de la aportación realizada por cada socio durante su permanencia a la SAT y un equilibrio entre las liquidaciones a satisfacer por Clas y los ingresos que obtenga por las nuevas incorporaciones de socios.
Según fuentes del acuerdo, la sociedad mejoraría así el pago por la liquidación a los pasivos que quieran vender su participación pero sin que ello resulte prohibitivo para la sociedad y fuerce su quiebra. También se va a permitir que los pasivos puedan transmitir sus títulos a sus descendientes, otra reclamación de los críticos.
Con este diseño se persigue reequilibrar la actual desproporción entre socios activos (sólo 1.280) y pasivos (6.190). Aunque una sentencia reciente ha dicho que este desequilibrio y la propia presencia de pasivos no es ilegal, el mismo fallo considera que debería corregirse. La pretensión es que en dos o tres años más del 50% de los socios sean activos para dar estabilidad a Clas.
Aunque este planteamiento entraña en teoría un abandono definitivo del polémico proyecto de conversión de Clas en sociedad limitada, y la aceptación de su naturaleza ganadera de espíritu cooperativo, un amplio sector crítico de Clas («tercera vía» y parte de AIG) desconfía de la nueva opción estratégica de Velasco y teme que, por falta de recursos suficientes para atender las liquidaciones, el nuevo plan aboque a una entrega de Clas a Cajastur (socio de la SAT y accionista de CAPSA) y que ya se había ofrecido a financiar esos desembolsos a cambio de mayor capacidad de decisión en el grupo.
Del pacto tampoco son partícipes aquellos socios pasivos del sector oficial que han emprendido una demanda para exigir la anulación de los estatutos por vía judicial y para equiparar en derechos políticos y económicos a los socios pasivos y activos. La pretensión fue rechazada en primera instancia pero está recurrida ante la Audiencia.
Ayer, la junta rectora aprobó convocar dos asambleas para el 16 de diciembre. Una, ordinaria, para aprobar las cuentas de 2007 y2008, y otra extraordinaria para readmitir a los expulsados y cambiar estatutos. La ordinaria debería haberse celebrado por norma antes del 30 de junio pero se demoró para cerrar el acuerdo con AIG que garantice la aprobación de las cuentas, rechazadas ya dos veces. Los críticos denunciaron el retraso en el juzgado el pasado septiembre.
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