Oviedo, Luis GANCEDO
Casi una cuarta parte de los ayuntamientos de la región tiene pendientes de actualizar sus valoraciones catastrales de viviendas, locales y otras propiedades de semejante naturaleza, la base sobre la que se calcula el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), la antes conocida como contribución urbana. Tales concejos han superado ya el plazo indicado por la ley (diez años) para revisar el catastro, pero sólo uno de ellos, el de Grado, lo hará durante el próximo año. El propósito de no aumentar la presión fiscal en mitad de la crisis y también la intención de eludir que un proceso siempre polémico coincida cerca de unas elecciones municipales son dos razones, entre otras posibles, que han llevado a un total de diecisiete ayuntamientos a aparcar por ahora la revisión catastral. Entre ellos están tres los mayores municipios de Asturias: Oviedo, Siero y Mieres.
La actualización del catastro lleva por lo general aparejada una subida relevante del IBI, el tributo que proporciona más recursos a los ayuntamientos. El valor que se asigna a las propiedades inmobiliarias suele multiplicarse y eleva el recibo anual que pagan los propietarios, si bien una norma estatal faculta a los ayuntamientos a diferir ese impacto en diez años. Es lo que ha hecho en 2009 Gijón, uno de los concejos que, junto a los de Castropol, Degaña, Nava, Ribadesella o Vegadeo, abordó durante los dos últimos años su revisión catastral. La más reciente es la de Aller, que entrará en vigor el próximo año.
Según la información que maneja la Dirección General del Catastro (Ministerio de Economía), quedan dieciocho ayuntamientos asturianos cuya última revisión de los valores inmobiliarios fue realizada hace diez o más años, una circunstancia que en apariencia contraviene lo que determina la legislación: que «en todo caso» deben realizarse las actualizaciones cuando haya transcurrido una década desde la última. Ahora bien, la aplicación de esa norma es laxa y a veces depende la disponibilidad presupuestaria, porque la revisión es un proceso costoso que en su mayor parte corre por cuenta del Ministerio de Economía. Pero más determinante es aún la voluntad de las corporaciones locales de abordar o no las revisiones. Según las informaciones recabadas, la gran mayoría de los ayuntamientos implicados no están en este momento por la labor de encarar una operación así.
Santiago Alonso, gerente del Catastro en Asturias, explicó a este diario que durante 2009 únicamente se realizó en Asturias la actualización del catastro de Aller y que para 2010 sólo el consistorio de Grado ha solicitado ese proceso. Quedan en la cola y sin fecha por ahora los concejos de Oviedo, Siero, Mieres, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Carreño, Castrillón, Colunga, Cudillero, Gozón, Laviana, Valdés, Llanera, Muros del Nalón, Navia, Noreña y Tineo. En todos los casos la última valoración catastral es anterior al año 2000.
Con las haciendas locales adelgazando por la crisis, sobre todo por el desplome de los ingresos en licencias urbanísticas, los ayuntamientos asturianos han evitado sin embargo ir a unas revisiones catastrales que podrían mejorar los ingresos por el IBI. Ante la recesión, aseguraron fuentes de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), los municipios han optado en su mayoría por congelar las tasas e impuestos para 2010. Hay excepciones como la de Oviedo, que ha decidido una subida general del 3%. Gijón ha mantenido estables sus tributos, si bien los vecinos pagarán de nuevo el próximo año una contribución urbana más cara debido a la reciente revisión del catastro.
Los gobiernos locales que han aparcado sus actualizaciones catastrales lo justifican por la crisis económica, por la conveniencia de no penalizar a familias y empresas en el actual contexto. «Sería fácil invocar la obligación legal y poner en marcha la revisión para conseguir más ingresos, pero no es el momento», explica el concejal de Hacienda de Siero, el socialista Ángel García. Opinión que comparte Rafael Perdiguer, responsable político de las cuentas de Mieres. Este ayuntamiento aprobó en 2008 una subida del tipo impositivo del IBI del 12%, argumentando, entre otros motivos, que el tributo estaba muy bajo al haber quedado desfasada la valoración catastral. Cuando la revisión se aborde, en un plazo aún sin precisar, se rebajará el gravamen, sostiene Perdiguer.
Por ley, la tasación catastral de los inmuebles debe moverse entre el 40% y el 60% del precio de mercado. Tras el boom constructor de la última década, muchas valoraciones han quedado efectivamente muy desfasadas. Al mismo tiempo, el «pinchazo» inmobiliario ha recortado últimamente el valor real de las propiedades, circunstancia invocada por el movimiento ciudadano en varios municipios del país, incluido el de Gijón, para pedir que se detuvieran la revisiones.
Con la perenne demanda de un nuevo modelo de financiación municipal de fondo, los ayuntamientos están también demorando las actualizaciones catastrales con un ojo puesto en el calendario electoral. El de 2010 es un ejercicio que coincide mal para activar una operación tan polémica. Como quiera que el trabajo técnico dura meses, las notificaciones a los vecinos del aumento de los valores y, por tanto, de una cercana y notable subida fiscal podrían coincidir en los buzones con la propaganda política de los comicios locales de 2011. Es algo que también habrá pesado, según las opiniones recabadas, en las decisiones de los gobiernos municipales asturianos. En ciudades como Oviedo, la última revisión del catastro, en 1996, fue recibida con manifestaciones en la calle.
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