La CECA alega que las cajas son privadas

El proyecto de integración del negocio financiero de Caja Castilla La Mancha (CCM) en Cajastur a través de un banco filial de la caja asturiana -la solución avalada por el Banco de España para reflotar a la intervenida caja manchega- ha abierto una controversia sobre el alcance que esta operación individual pudiera arrostrar en el futuro sobre la consideración jurídica del conjunto de las cajas de ahorro españolas.

Por parte de los sectores opuestos a esta solución, la toma de control del negocio financiero de una caja por otra, pero utilizando como sociedad instrumental un banco, entraña, afirman, la «bancarización» de la caja y su «privatización».

Las cajas se consideran a sí mismas, y así las define la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), como «entidades privadas». Según la CECA, las cajas son «entidades de crédito constituidas bajo la forma jurídica de fundaciones de naturaleza privada, con finalidad social y actuación bajo criterios de puro mercado, aunque revirtiendo un importante porcentaje de los beneficios obtenidos a la sociedad a través de su obra social».

De aceptar esta consideración, no se podría privatizar (tomando este término como antónimo de aquello que es de condición y titularidad públicas) lo que ya es privado. Esta consideración de las cajas como entes privados se acaba de poner ahora en cuestión, pero no en España, sino por la Comisión Europea de la Competencia, a propósito de un crédito concedido por Caja Cantabria a Sniace y que la UE entiende que podría tratarse de una ayuda pública. El Gobierno y las cajas alegan la condición privada de estas entidades. Esa condición privada persiste, según las cajas, por más que algunas de ellas (caso de CCM y Cajastur) son de fundación pública. Pero hay cajas, caso de La Caixa, cuya iniciativa fundadora es, además, privada.

La operación diseñada por Cajastur se basa en dos principios: CCM seguirá existiendo como hasta ahora, con todas sus plenas funciones (inversiones en empresas y obra social y cultural) con la única excepción de que ya no gestionará directamente el negocio financiero, que se transfiere a un banco (Liberta), en el que CCM tendrá el 25%. El otro 75% será propiedad de Cajastur.

Esta operación crea un problema jurídico a Castilla La Mancha porque deberá redefinir si una caja que ya no desarrollará negocio financiero de préstamo y captación de ahorro por sí misma y de forma directa puede o no seguir considerándose en sentido estricto como caja de ahorros. El Gobierno manchego ha dicho que acaso haya que cambiar la ley regional de cajas para acomodar la nueva situación funcional de CCM en el futuro. Otros prevén que CCM acabe siendo una fundación.

La transferencia del negocio financiero de CCM a un banco entraña, en efecto, su «bancarización» formal, en la medida en que la sociedad titular de su red de oficinas, empleados y negocio será un banco. Pero es una «bancarización» societaria y jurídica pero no en la titularidad de esa sociedad, en tanto que el 100% de su propiedad estará en manos de dos cajas de ahorros. Otra cosa distinta es que, salvo que se introduzcan cautelas estatutarias, u otro tipo de prevenciones jurídicas, un banco, en tanto que es una sociedad por acciones, es susceptible de venta, apertura a otros socios o colocación en bolsa. El banco Liberta será en todo caso un mero instrumento de dos cajas, por lo que la llamada «bancarización» es, mientras no cambien sus dueños, sólo formal.

Los bancos siempre pidieron la desaparición de las cajas en su actual configuración y su transformación en sociedades por acciones para acabar con lo que los banqueros interpretan como una ventaja asimétrica: las cajas llevan años comprando bancos pero los bancos, aducían, no pueden comprar cajas.

Manuel Menéndez, presidente de Cajastur, rechazó públicamente esta argumentación. Fue en noviembre de 2005, en el Foro por la Industria, cuando aseguró que un banco sí puede comprar todos los activos de una caja de ahorros, salvo la marca «caja». Esto es lo que ahora quiere hacer a través de Liberta.

El traspaso por CCM de su negocio financiero a un banco es una enajenación parcial (CCM mantendrá el resto de su patrimonio y tendrá el 25% del banco), pero ello -según la argumentación de las cajas- no sería sinónimo de privatización. Porque las cajas dicen ser ya privadas. Y porque también hay bancos públicos. Y si los accionistas del banco Liberta (Cajastur y CCM) fuesen públicos, explican las cajas, Liberta también lo sería.